Estamos viviendo la sexta ola en plenas fiestas navideñas. Lejos de haber puesto las medidas preventivas oportunas, de haber reforzado la sanidad pública con los fondos enviados por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma, más de 500 millones solo para sanidad, nos encontramos con un Gobierno regional que dedica todo su tiempo a confrontar con el Gobierno de España, que desvía la atención e intenta culpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Policías Locales de su incompetencia y de su mala gestión.

De todo lo malo tiene la culpa el Gobierno de España y de lo bueno, cuando lo hay, es cosa del Gobierno regional. Estamos ante un Gobierno irresponsable. Un Gobierno regional que no gestiona. Y lo que hace, es buscando su propio interés partidista, y no el interés general.

El PP está más preocupado de sus temas electorales y de sus asuntos internos que de gestionar correctamente la pandemia, y nuestra propia Región. Esta inacción de la Comunidad Autónoma ha obligado a dejar libres a 14 inmigrantes que llegaron a nuestras costas, y que han sido contacto estrecho con un positivo que viajaba en la misma patera.

En este caso, la Consejería de Salud no decretó la orden de cuarentena, en las 72 horas que marca la ley, para estas 14 personas, y tampoco ha ofrecido una solución habitacional, tal y como recoge el protocolo de actuación para los inmigrantes que llegan en Patera.

El protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular (firmado el 25 de julio de 2020) dice que: "Debe haber aislamiento y cuarentena en grupos en los que ha habido algún caso confirmado. Si en el grupo se detecta algún caso positivo de Covid-19, será necesario proceder al aislamiento estricto del caso según lo establecido en la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19". Este aislamiento se realizará en centro hospitalario o en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. El resto de miembros del grupo serán considerados contactos estrechos y deberán realizar una cuarentena de 14 días, preferiblemente de forma individualizada o en grupos lo más reducidos posible, para evitar tener que prolongar la cuarentena ante la detección sucesiva de casos entre los contactos. De igual modo, el aislamiento se realizará en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. En ambos casos se establecerá una vigilancia activa de posibles síntomas de Covid-19 por parte de las autoridades de salud pública, que deberá garantizar el cumplimiento de la misma habilitando los espacios adecuados para ello y determinando las urgentes y necesarias medidas para la salud pública".

Por tanto, ante la falta de gestión por parte de la Consejería de Salud, la ley obliga a dejar en libertad a estas personas.

Durante la última semana han llegado 260 inmigrantes, y el Gobierno de España se ha ocupado de 245 de ellos, que han sido derivados al Programa de Acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones. Además, 1 positivo está en el hospital, derivado por Salud Pública, y para las 14 personas restantes, la única medida aplicable es la solución habitacional que tiene que poner la Consejería para guardar cuarentena.

Sin embargo, en este caso, y tras más de un año en el que sí se han hecho cargo, la Consejería de Salud, basándose en una sentencia que no es firme y, además, trata de un caso concreto y específico, ha eludido cumplir sus responsabilidades. No ha querido cumplir el protocolo de actuación anteriormente indicado, que sí cumplen en Valencia, Canarias, Baleares y Andalucía.

¿Se imaginan que los Ayuntamientos no cumpliesen las órdenes del Gobierno regional? Desde luego, los alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia son más responsables y más leales que el Gobierno regional del Partido Popular y los tránsfugas.

Asimismo, sabemos que la Consejería de Política Social vuelve a desatender a las residencias de mayores. Las residencias registran ya 12 brotes activos de Covid, pero la consejera lleva demasiado tiempo eludiendo su responsabilidad, mientras los profesionales de estos centros siguen siendo los peores remunerados y, junto a los usuarios, las principales víctimas de la gestión caótica de uno de los gobiernos autonómicos que menos invierte en política social.

¿Dónde está el dinero que el Gobierno de España ha enviado a la Comunidad Autónoma? ¿Qué ha hecho el Gobierno Regional con los más de 800 millones del fondo Covid? Tenemos que aguantar deslealtades, mentiras, irresponsabilidades del Gobierno del PP y sus socios tránsfugas, pero exigimos saber dónde está el dinero.

La deuda regional sigue aumentando, no hay refuerzo sanitario, prevén un recorte de más de 760 profesionales del sector sanitario, y todavía anda López Miras confrontando con el Gobierno de España. La Región de Murcia necesita seriedad y responsabilidad para vencer a la COVID y para recuperarnos económica, sanitaria y socialmente.