El grupo parlamentario liberal ha destacado la apuesta del Gobierno Regional para consolidar unos presupuestos eminentemente sociales, donde casi el 80% se destina a prestar servicios públicos. Prueba de ello son los más de 450 millones con los que contará la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, dirigida por Isabel Franco, que se traduce en un aumento, con respecto al año anterior, del 8,6%.
"Un claro ejemplo de que seguimos apostando por ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, garantizando que tanto la Ley de Servicios Sociales como la de Atención Temprana va a contar con presupuesto suficiente", ha apuntado el portavoz liberal, Francisco Álvarez. Asimismo, resalta en esfuerzo en mejorar la eficiencia en la gestión, dotar la misma de recursos suficientes, eliminar burocracia y reforzar el personal en contacto con colectivos desfavorecidos. Los presupuestos de la Consejería contarán por primera vez con una partida destinada específicamente a salud mental.
Por otro lado, el portavoz liberal ha destacado los programas que plantea la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género con el objetivo de erradicar la violencia y dar apoyo a quienes la sufren y la apuesta de la Dirección General de Familias y Protección de Menores que ha aumentado casi 8,5 millones su presupuesto, "dotando de un mayor impulso a la protección, promoción y apoyo a las familias e infancia en todos sus ámbitos". Además, se sigue aumentando, de manera significativa, el presupuesto para Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, casi 6 millones en comparación con 2021.
Destaca la partida destinada al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), con un montante para 2022 de casi 350 millones de euros, sigue incrementando su presupuesto cada año, posibilitando más recursos para la creación de más plazas en residencias y centros de día, para personas con discapacidad o dependientes, marcando como objetivo principal para este presupuesto la reducción en un 20% las listas de espera.
En contraposición, Álvarez ha denunciado la inacción por parte del Gobierno Nacional que debe inyectar de manera urgente 1.500 millones de euros al sistema de la dependencia para que sea un sistema financiado a partes iguales entre la Administración Central y la Autonómica. Se trata de "un castigo al que se suma el dejarnos fuera del reparto de los 109 millones para proyectos de reinserción social".
