Aunque agradecen la visita del Comisario de Medio Ambiente, las organizaciones le han hecho llegar un escrito expresando su protesta por la tardanza por parte de la Unión Europea en actuar por el incumplimiento de diferentes directivas comunitarias en el entorno del Mar Menor, y piden un mayor control de los compromisos y soluciones a aplicar por la Comunidad Autónoma y el Estado, y la revisión de las ayudas comunitarias para la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena.

Los representantes de las asociaciones ecologistas y vecinales le han recordado al Comisario que han transcurrido ya 20 años desde la primera queja interpuesta por ANSE por incumplimiento de la Directiva sobre contaminación por nitratos de origen agrícola en el Campo de Cartagena, sin que las medidas acordadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hayan servido para evitar el deterioro del Mar Menor.

Las organizaciones vecinales y de defensa de la naturaleza (Pacto por el Mar Menor, ANSE, Ecologistas en Acción, FAVCAC y Cofradía de Pescadores de San Pedro) presentaron una nueva Queja conjunta ante la Comisión Europea en septiembre de 2016, reiterando el incumplimiento de las Directivas de Nitratos, de Hábitat y de Aguas entre otras, y urgían a la Comisión a que presionara a las autoridades españolas para que tomaran medidas eficaces para frenar la degradación del Mar Menor. La respuesta de la Unión Europea confió en las medidas comunicadas desde la Comunidad Autónoma y el Estado Español, mientras seguía creciendo la agricultura intensiva, se invertían en medidas ineficaces, y aumentaba el deterioro del Mar Menor.

El reciente reconocimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura de la existencia aún hoy de 8.500 has de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena constituye una demostración palpable de la falta de control de las administraciones de la expansión de la actividad que más ha contribuido a la eutrofización del Mar Menor según la totalidad de los informes científicos independientes.

El último informe del Instituto Español de Oceanografía reconoce, además, que el Mar Menor ha perdido su capacidad de autorregulación, y que el origen de la reciente mortalidad de peces y crustáceos (la mayor de las registradas en la historia del Mar Menor) es consecuencia delvertido continuado de nutrientes agrícolas.

Las organizaciones consideran que, dada la importancia ambiental del Mar Menor a escala europea (hasta hace pocos años era una de las mayores lagunas costeras con aguas oligotróficas, hipersalinas y transparentes, lo que la hacía única en todo el territorio europeo del siglo XXI), y ante la magnitud y consecuencias ambientales, sociales y económicas de la degradación del Mar Menor, y el incumplimiento continuado y reconocido por las administraciones regional y estatal de diferentes directivas comunitarias (Hábitat, Nitratos y Aguas al menos), la Comisión Europea debería implicarse de manera más específica, además de otros procedimientos paralelos, en la sanción de estos incumplimientos y en la aplicación de medidas efectivas.

Las organizaciones urgen especialmente a la Comisión Europea a que promueva órganos conjuntos de gestión y participación, y observadores "in situ" que pongan en marcha programas y acciones reales y creíbles para solucionar los graves problemas ambientales, económicos y sociales del Mar Menor y la Comarca del Campo de Cartagena, que deberían de seguir las líneas maestras planteadas para una nueva economía europea, donde la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible juegue el papel que se merece, y la restauración de ecosistemas y paisajes sea una prioridad también en el Mar Menor y su entorno.

En este sentido, las organizaciones lamentan que importantes fondos de la Unión Europea se hayan utilizado en medidas poco eficaces, cuando no directamente inútiles, no habiendo solucionado los problemas de contaminación de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena y de la laguna del Mar Menor, los problemas de inundaciones derivados de un crecimiento urbanístico desordenado y la falta de ordenación territorial de la cuenca de drenaje, el colapso urbanístico de La Manga, las infraestructuras portuarias, no se han restaurado espacios contaminados por la minería, recuperado dominio público ni renaturalizado espacios naturales como humedales, que podrían prestar servicios ecosistémicos y aportar soluciones basadas en la naturaleza.

Las organizaciones han señalado que la gravedad y alcance europeo del caso del Mar Menor justifica que, al igual que se hizo con las ZEPAs de la Región de Murcia o con Doñana, en este caso también se "singularice" su caso y se adelante el o los correspondientes expedientes de infracción, segregándolos de los generales que Bruselas ya tiene en marcha por las tres Directivas citadas contra España y otros Estados.

Por último, las organizaciones piden una revisión de las ayudas concedidas por la Unión Europea para la conservación del Mar Menor y para la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena, al menos desde 2016 y las comprometidas para los próximos años, para garantizar que sirven para reconvertir las actividades que contribuyen a la degradación ambiental del Mar Menor en diferentes ámbitos.