Intersindical denuncia el cese de 19 funcionarios y funcionarias interinas de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Medio Natural, y la finalización de los contratos del personal interino de la Dirección General del Mar Menor, a pesar de que sus contratos están presupuestados, dotados económicamente, en gran parte por la Unión Europea, y justificados técnicamente.
Esta organización sindical explica que la no ejecución de los programas de contratación previstos implicará el freno a numerosas acciones de conservación de la naturaleza, así como la inevitable ralentización y paralización en la tramitación de expedientes ambientales, que inevitablemente tendrá un impacto en la economía regional.
Asimismo, Intersindical denuncia que la negativa a seguir utilizando esta modalidad de empleo público por parte de la Dirección General de Función Pública está poniendo en serio peligro la obligación legal de prestar servicios públicos a la ciudadanía de nuestra Región.
Hace ya dos meses que 19 funcionarios y funcionarias interinas de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Medio Natural cesaron tras la finalización del periodo del Programa por el que estaban contratados, dejando estas direcciones generales, ya históricamente famélicas, en la carcasa. Otras personas interinas por programas, los de la Dirección General del Mar Menor, finalizarán los contratos en fechas muy próximas, pese a que su titular puso de manifiesto recientemente la precaria situación de los recursos humanos de su departamento ante la Secretaría General de su Consejería.
El personal cesado está a la espera del inicio de nuevos programas que permitan su contratación. Sin embargo, estos días Intersindical se ha encontrado con la oposición de la Dirección General de Función Pública, que parece haber modificado su criterio sobre cómo dotar a las direcciones generales de Medio Ambiente, del Medio Natural y del Mar Menor, y al resto de las consejerías y organismos autónomos que hasta la fecha recurrían a esta modalidad de empleo público por programas establecida por el TREBEP, unos programas dotados económicamente y justificados técnicamente.
En la actualidad existen más de 900 puestos de trabajo de funcionarias y funcionarios interinos por programas ocupados en su mayor parte por interinos de larga duración, que de acuerdo con diversas valoraciones jurídicas están en fraude de ley. La negativa a seguir utilizando esta modalidad de empleo público por parte de la Dirección General de Función Pública está enviando profesionales excepcionales al paro con todo el conocimiento y experiencia que se pierde cada vez que caducan los programas. Estos puestos de trabajo, indica la organización sindical, están en las direcciones generales de Medio Ambiente, del Medio Natural y del Mar Menor, así como los de consejerías como la de Educación, la de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, la de Fomento e Infraestructuras o la de Transparencia, Participación y de Administración Pública y los de organismos autónomos como el SEF o el IMIDA entre otros.
La gravedad de la situación es tal en las direcciones generales del Mar Menor, Medio Natural y Medio Ambiente, que la no ejecución de los programas previstos, desarrollado en su mayoría por personal eventual, implica el freno a numerosas acciones de conservación de la naturaleza en el contexto ambiental actual y repercute de forma directa en la inversión pública y en el desarrollo de las empresas en la Región, que ven eternizados los trámites y optan por buscar otros lugares para llevar a cabo sus proyectos. Además, el cese de estas personas dejará a las citadas direcciones generales en una situación extremadamente precaria en un momento crucial, pendientes de la ejecución de numerosos proyectos destinados a la activación de la economía mediante la inminente llegada de los fondos procedentes de Europa para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia.
Ante estos hechos, Intersindical y el resto de organizaciones sindicales firmantes denuncian esta situación y solicitan a la Dirección General de Función Pública que readmita a este personal cesado, necesario para el normal desarrollo de los servicios públicos regionales, rectifique su decisión de considerar que los Programas no son una solución provisional a la obligación de prestar estos servicios públicos, y lance ofertas de empleo público lo suficientemente amplias para dotar a la Administración Regional murciana con los medios humanos y materiales necesarios.
