La portavoz regional, María Marín, asegura que la pretensión del Gobierno regional de revertir a uso agrícola los terrenos reforestados con fondos de la UE en los últimos 25 años se debe a las "presiones de una agroindustria que ahora quiere cargarse el Noroeste"
El Gobierno autonómico ha sacado esta mañana adelante en la Asamblea Regional la convalidación del nuevo decreto para modificar de nuevo la Ley de Protección Ambiental Integrada. Se trata de una nueva reforma que, bajo la excusa de la llegada de los fondos europeos Next Generation, desregula y desprotege el entorno natural de la Región de Murcia. La portavoz autonómica de Podemos, María Marín, ha denunciado que este decreto "abre la puerta a revertir a uso agrícola los terrenos forestados con fondos europeos", lo que supondría "un verdadero atentado contra uno de los pilares de la Política Agraria Común de los últimos 25 años". Marín ha preguntado a Díez de Revenga "con qué cara va a pedir la Región de Murcia nuevas ayudas europeas", cuando al mismo tiempo el Gobierno regional está diciendo que todo lo invertido en los últimos años lo vamos a revertir". De esta forma, tal y como advierte la portavoz morada, "se pone en riesgo precisamente lo que se supone que se pretende agilizar, que son los fondos europeos, yendo además por el camino contrario al que marca la Unión, que es el de defender al máximo los espacios naturales, no retirarles cualquier tipo de protección legal". La diputada ha asegurado que lo que se busca en realidad no es agilizar que llegue dinero de Europa, sino que simplemente se utiliza como excusa para impulsar decretos que sólo responde a las presiones de las multinacionales de una agroindustria que, tras haber convertido el Mar Menor en su fosa séptica particular, ahora han puesto sus ojos en el Noroeste". Para favorecer este objetivo, en el decreto convalidado hoy, tal y como señala Marín, "se eliminan límites y terrenos forestados de los que pueden sacar un beneficio mucho mayor", demostrando que para el Gobierno regional "los bolsillos de los amigos van antes que cualquier preocupación medioambiental."
Otra de las modificaciones que introduce la reforma de la Ley de Protección Ambiental Integrada es para Podemos "una muestra de por dónde van a ir los tiros", ya que se pone al Observatorio del Mar Menor bajo la tutela del IMIDA, un Instituto "con excelentes profesionales, con una gran trayectoria en la gestión de fondos europeos, pero que no deja de ser un Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario", lo que parece indicar que "de nuevo, la recuperación del Mar Menor va a quedar supeditada a los intereses de la agroindustria que está destrozándolo". Con esta nueva estructura, el Gobierno regional aspira a "controlar este órgano sin cortapisas", convirtiéndolo en "un Observatorio sin independencia y del que se excluye también cualquier participación ciudadana". Frente a este modelo, Marín ha planteado que sean las universidades de la Región quienes aporten excelentes profesionales independientes que "podrían aportar mucho al Observatorio, sin estar a las órdenes políticas de nadie, sino simplemente actuando bajo criterios técnicos y con el único objetivo de restaurar el ecosistema en la mayor laguna salada de Europa".
Además, la portavoz de Podemos ha denunciado lo que parece ser una carrera entre los consejeros Díez de Revenga y Antonio Luengo por ver quién desprotege mejor y más rápido". En concreto, Marín ha alertado de que el decreto convalidado hoy contiene "una nueva reducción de los plazos de los procedimientos de evaluación ambiental". Si a esto se le suma que en otra de las modificaciones se deja en manos de los Ayuntamientos -"unas administraciones con menos medios materiales y humanos"- la adecuación de los desarrollos urbanísticos y las vías pecuarias, se descubre que "lo único que busca Luengo con el decreto es eliminar cualquier defensa del patrimonio ecológico común de toda la ciudadanía para que unos pocos puedan sacar dinero".
Durante su intervención, Marín ha recordado que, "de igual modo que ahora se utiliza como excusa la llegada de los fondos europeos", en 2020 el Gobierno de López Miras "utilizó el epígrafe de la mitigación del impacto del COVID para sacar adelante dos decretazos con los que modificó las Leyes de Protección Ambiental Integrada, la Ley de Puertos, la Ley del Suelo y la Ley de Vivienda, permitiendo, entre otras cosas, aumentar hasta un 30% los vertidos, las emisiones y la producción de residuos sin evaluación ambiental".
