Cuando los CIE siguen usándose principalmente para internar a personas recién llegadas con acuerdo de devolución, el porcentaje de devoluciones ejecutadas desde CIE es bajo: un 28% (había sido un 16% en 2019), lo que revela al internamiento como un recurso innecesario, caro y que inflige sufrimiento inútil.

Un total de 42 menores fueron identificados en 2020 por Interior, lo que supone el porcentaje más alto registrado con relación al total de personas internadas. La falta de transparencia del Gobierno al entregar las cifras sigue siendo alarmante.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado con un acto en el Senado su Informe Anual 2020 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el título "Razón jurídica y sin razón política". Este trabajo dirige la mirada hacia el internamiento en tiempos de coronavirus, con especial atención a la insuficiente atención sanitaria. Los CIE cerraron sus puertas ante la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, de una forma inicialmente descoordinada y caótica, aunque luego se percibió el fundamento jurídico y las decisiones claras de la Policía y de la Fiscalía. Sin embargo, una decisión política ilógica que tomó la vía represiva motivó su vuelta a la actividad a partir de septiembre, con insuficientes medidas preventivas anti covid y aislamientos severos para personas contagiadas, con el consiguiente clima de angustia y ansiedad para los internos.

En 2020 fueron internadas en CIE un total de 2.224 personas, la gran mayoría (79%) por motivos de devolución tras entrada irregular, seguida de motivos de expulsión (16%). 42 menores fueron identificados, casi un 2% del total de internos, una cifra demasiado elevada pero inferior a la real, ya que pone en entredicho la fiabilidad de las pruebas de determinación de la edad. 766 personas solicitaron asilo y 84 fueron aisladas de forma preventiva. Un dato importante refleja el innecesario sufrimiento al que se somete a las personas internas: del total de personas devueltas en España (1.904), solo un 28% lo fueron desde CIE, así como del total de expulsiones (1.835), un 38% desde CIE. El 47% de los internados fueron finalmente puestos en libertad por diversos motivos al no poder ejecutarse su repatriación forzosa.

Los tribunales admitieron el pasado año la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de la muerte de Samba Martine, en Madrid en diciembre de 2011. Un acto de justicia y reparación, fruto de casi una década de lucha judicial y social por parte de la familia y organizaciones sociales cercanas.

El informe profundiza en una serie de derechos que han sido objeto de tutela judicial y que es preciso garantizar en la práctica. Entre ellos la instrucción exhaustiva ante denuncias de torturas y tratos degradantes e inhumanos; la detección de perfiles de protección internacional o de menores de edad; o la posibilidad de la simple multa por estancia irregular. Ante esta vulneración de derechos, que se suma a las ya continuadas, como la deficiente atención sociocultural, jurídica y sanitaria, las visitas de las diferentes ONG se hacen más importantes que nunca. Los equipos de visitas a CIE de SJM pudieron realizar su trabajo normal hasta la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros, pero al retomarse el internamiento, solo en Madrid han podido continuar la labor.

En el horizonte próximo se dibujan proyectos de obra en CIE que denotan una clara apuesta política por el internamiento y la vía represiva. Se confirma el proyecto de un nuevo CIE en Botafuegos, Algeciras, con una inversión de casi 27 millones de euros entre 2021 y 2024. Además, la financiación que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sumada a las ya publicadas en años anteriores, eleva la cifra a más de 32,5 millones para el periodo 2019-2024. El nuevo centro de Algeciras copa la mayoría, pero los otros 6 millones se destinan a la reforma y acondicionamiento de los centros ya existentes, lo que demuestra una clara intencionalidad política.

En este informe, SJM reitera su compromiso de acompañar y defender a las personas internas en los CIE, reclamando una vez más su cierre y la búsqueda de otras alternativas jurídicas y políticas para las personas que caen en la irregularidad. Las propuestas conclusivas señalan la necesidad de, al menos mejorar la prevención y atención sanitaria, si no suspender los internamientos en pandemia. Continúa siendo preciso corregir situaciones de derechos vulnerados, como las denuncias de tortura o el internamiento de perfiles vulnerables como menores y solicitantes de asilo. La sinrazón de la existencia de los CIE se hace aún más patente en contexto de pandemia global.