El Plan para el Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 pretende que el peso del consumo eléctrico de las renovables sea del 32 % y se invertirán hasta 38.000 millones de euros.

El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es alcanzar 39.181 MW de potencia instalada en España.

España cuenta con 4 de las 5 plantas solares más grandes de todo Europa.

Un 33% del país tiene una sensibilidad ambiental baja para la instalación de fotovoltaica, aunque solo haría falta el uso del 0,43% para poder cumplir con los objetivos de los planes 2030.

Los grandes campos solares que se concentran en algunos puntos del territorio de nuestro país forman parte de una red de plantas interconectadas y automatizadas con el objetivo de captar la mayor cantidad de radiación solar y convertirla en energía eléctrica. Estas pueden generar miles de vatios de electricidad por segundo que sirven para abastecer industrias e, incluso, ciudades enteras, así como para vender esa energía a compañías eléctricas.

Este tipo de plantas de generación son imprescindibles para poder seguir adelante con la transición energética y luchar contra el cambio climático ya que, además de no generar gases efecto invernadero, utilizan el sol -el mejor y más rico recurso energético de España-. A día de hoy, de los más de 10.000 teravatios/hora (TWh) de electricidad que se generan en los países miembros de la OCDE, la energía solar representa únicamente 8 TWh.

Dentro del Plan para el Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el Parlamento Europeo y los diferentes gobiernos han llegado al acuerdo que pretende que el peso del consumo eléctrico de las renovables sea del 32% y para el que se invertirán hasta 38.000 millones de euros y el objetivo marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es alcanzar 39.181 MW de potencia instalada, estableciendo el propósito de añadir 26.134 MW de fotovoltaica en España de aquí a 2030. 

Los proyectos para la transición ecológica previstos por el Gobierno han provocado que se extienda una preocupación por parte de numerosas entidades sociales y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) que se han unido para exigir un mayor control por parte de las administraciones para evitar el aumento especulativo de grandes proyectos fotovoltaicos en nuestro país para proteger el territorio y respetar el paisaje. En la actualidad, España cuenta con 4 de las 5 plantas solares más grandes de todo Europa, pero existe la preocupación de que se produzca una concentración excesiva en algunos puntos.

Para IMEnergy, empresa líder en el diseño, ingeniería, suministro y construcción de plantas energéticas, la transición ecológica es importante, pero es necesario regularlo. "Hay muchas opiniones sobre la mesa en cuanto al impacto que genera un parque solar en el entorno, e Imenergy está invirtiendo mucho esfuerzo en este sentido para optimizar sus proyectos. En esta línea de utilizar el menor espacio posible, Imenergy ha diseñado un seguidor solar capaz de tener un GCR (grado de aprovechamiento del terreno) muy optimizado, llegando a necesitarse hasta un 20% menos de superficie para una misma potencia de planta" declara José Manuel Suárez, CEO de IMEnergy. "No se entendería una transición ecológica sin cumplir los requisitos de medioambiente y por ello cada proyecto conlleva una declaración de impacto ambiental, pero hay que seguir perseverando en la protección del medioambiente a la vez que se promocionan nuevos proyectos".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desarrolló el pasado mes de diciembre unos mapas de sensibilidad ambiental en función de la sensibilidad del territorio a este tipo de proyectos. Según esta herramienta cartográfica, un 36% del país tiene una sensibilidad ambiental alta para la instalación de fotovoltaica y un 33% una sensibilidad baja, por lo que se determina que solo haría falta el uso del 0,43% de las zonas de baja sensibilidad para poder cumplir con los objetivos de los planes 2030. Además, la UNEF estima que toda la fotovoltaica podría construirse en el 0,25% del territorio dedicado ahora a cultivos y pastos o en el 0,35% de la superficie destinada a cultivos.