El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha mostrado hoy su apoyo decidido a la tramitación de la nueva Ley de Servicios Sociales, "una norma que viene a mejorar una necesidad esencial de la sociedad actual, agravada por la crisis sociosanitaria de la COVID-19". Así lo ha afirmado el portavoz liberal, Francisco Álvarez, quien ha destacado el "amplio consenso" y la implicación en el proceso de redacción de la norma "de todos los sectores y colectivos a los que afecta". A su juicio, esta ley "consagra el principio de universalidad y de equidad y justicia distributiva, establece al fin el catálogo de derechos y servicios y mejora la coordinación con las distintas administraciones". Álvarez -quien ha recordado que la ley actualiza y mejora los textos de 1985 y 2003- ha destacado que "es una ley que cuenta con dotación presupuestaria suficiente, y que esta financiación va a tener continuidad a lo largo de los próximos ejercicios".
El portavoz liberal también ha subrayado el acento del texto en la participación de las entidades de la iniciativa social y la "mayor presencia de modelos de gestión basados en la calidad, con un papel relevante para las nuevas tecnologías". Otro de los principales avances es el reconocimiento del derecho subjetivo a las prestaciones, que podrán ser exigibles ante los tribunales por los titulares, "así como la incorporación de la Historia Social Única, similar a la tarjeta sanitaria, y que supondrá una mejora notable de los mecanismos de coordinación y facilitará enormemente la gestión". Álvarez también ha resaltado que el texto legal "regula la participación de la iniciativa privada y la participación ciudadana", así como la "unificación del catálogo de prestaciones en los distintos municipios, ahondando en el principio de igualdad de los ciudadanos independientemente de dónde residan". El portavoz también ha alabado "el acercamiento que supone por parte de la administración al ciudadano", ya que el texto prevé la constitución de un Consejo de Coordinación Territorial "que garantizará una mejor y mayor colaboración entre los ayuntamientos y el Gobierno regional". En este sentido, ha remarcado que la ley establece dos niveles de atención en el que el primero se ejercerá a nivel local a través de las Áreas de Servicios Sociales, "en una apuesta decisiva por la Atención Primaria".
A la salida de la ponencia para el debate de las enmiendas, el portavoz liberal ha explicado que de las 37 enmiendas propuestas, han sido aprobadas 10 -siete del PSOE, dos de Vox y una del Grupo Mixto- y quedan aún pendientes de debate algunas. Sobre las rechazadas, Álvarez ha especificado que "muchas no mejoran el texto o ya inciden en aspectos que recoge el articulado o son modificaciones redundantes que incluyen conceptos que ya forman parte del espíritu de la norma". También ha justificado su rechazo a otras enmiendas en que hacen referencia a leyes de rango superior, mientras que otras supondrían un "coste desorbitado, a que garantizan prestaciones ajenas a su ámbito competencia y que además contemplan otras leyes, como la de Dependencia". Álvarez también ha puntualizado que "hay enmiendas que se rechazan porque su objeto está previsto desarrollarlo a lo largo de los próximos años en los propios reglamentos de la Ley, que prevé cuatro años para su total despliegue".
