Manifestamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia de las fuerzas armadas israelíes contra la población civil palestina, tanto en los territorios ocupados de Cisjordania, como en la Franja de Gaza, que nuevamente sufre unas desproporcionadas represalias que han provocado ya decenas de personas muertas. Sin olvidar, además, la violencia perpetrada tanto por fuerzas policiales como por colonos israelíes contra población árabe, en el Estado de Israel, fruto de una política irresponsable de confrontación que está escalando la tensión, y que hace temer una extensión de mucha mayor envergadura del conflicto, de modo que acabe afectando al conjunto de la población civil dentro de dicho Estado.

Las incursiones de las fuerzas armadas israelíes en recintos civiles o religiosos árabes, así como los ataques que se han repetido en las últimas semanas y en los que se han utilizado balas de acero recubiertas de goma, golpes físicos, gases lacrimógenos o granadas de sonido contra la población palestina, no han hecho sino acrecentar una indignación permanente. Así mismo, los bombardeos perpetrados por el ejército israelí contra la Franja de Gaza son causa de muchísima preocupación por las implicaciones en los derechos humanos del pueblo palestino. Estos ataques no sólo vuelven a poner el foco en la ocupación militar de Cisjordania y en el bloqueo y asedio que sufre la población de Gaza desde hace años, sino que nos recuerdan la difícil situación que afronta diariamente la población palestina residente en el Estado de Israel. La comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto y evitar que se cometa una masacre que resulte una nueva causa para la vergüenza internacional.

Como ONG de cooperación, paz y derechos humanos, estamos especialmente preocupadas porque, a ello, se suma el ataque continuado a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos, y la detención de civiles, como Juana Ruiz, ciudadana española y trabajadora de la organización palestina Health Work Committees. Todo ello en un contexto de ocupación militar por parte de Israel de los territorios palestinos desde 1967, con una violación continuada y sistemática del Derecho Internacional Humanitario, con una permanente dejación de las obligaciones de una potencia ocupante con la población civil ocupada, y con la negación de los derechos fundamentales de la población palestina, derechos que compañeras como Juana tratan de defender con su trabajo.

La presión que ejerce el Gobierno de Israel a las personas y organizaciones que forman el sector de la cooperación y la acción humanitaria en Palestina, así como del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, se enmarca en una estrategia del Gobierno Israelí para la criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos de la población palestina y en

el Territorio Ocupado Palestino. Organizaciones de la sociedad civil palestina e internacional, entre las que se incluye la UNRWA, vienen sufriendo una continua campaña de desprestigio y criminalización por su actividad de denuncia de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Se está realizando una instrumentalización del caso de Juana Ruiz para reactivar una campaña de desprestigio, criminalización y judicialización a la cooperación internacional en el Territorio Ocupado Palestino.

La Coordinadora de ONGD y la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD dejamos claro nuestro respaldo al trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la población palestina. Y hacemos un llamamiento a que se proteja a las personas y a las organizaciones.

Por todo lo anterior, pedimos al Gobierno de España y a todos los gobiernos autonómicos:

Una condena enérgica de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina por parte del Estado de Israel y la suspensión inmediata de transferencias de armas a Israel hasta que se tomen medidas para garantizar que no se utilicen para violaciones graves del derecho internacional, en línea con lo que están demandando otras organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Una firme denuncia del uso de la violencia contra la población civil, con especial condena al empleo de bombardeos sistemáticos contra civiles.

La exigencia del fin inmediato de la escalada militar y las operaciones del ejército israelí contra la población civil palestina.

Rechazo rotundo y denuncia pública de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, en línea con sus valores, planes estratégicos y prioridades de trabajo.

Compromiso con las organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación por parte de los gobiernos y administraciones del Estado español y de la Unión Europea. Es imperativo mantener el compromiso con la defensa de los derechos de la población palestina desde todos los niveles de la administración pública.

La condena, rechazo y denuncia rotunda y pública por parte de la ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Arancha González Laya, de las falsas acusaciones de falta de control y fiscalización de los fondos de cooperación y acción humanitaria gestionados vía ONGD, así como una clara defensa del sector.

La llamada a consultas a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones /explique acerca ¡de las acusaciones que se están vertiendo a la persona de Juana Ruiz y al sector de la cooperación y de la acción humanitaria del Estado Español en el Territorio Palestino Ocupado.

Estudiar las implicaciones jurídicas/penales de estas acusaciones para el Estado Español y para las ONGD del Estado Español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino.

Garantizar, de forma activa, la protección de las organizaciones del Estado español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino para que ejerzan con plenas garantías su rol como sociedad civil a través de los mecanismos oportunos y acordados en terreno junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Consulado y la Embajada.

Solicitar una reunión de representantes de Asuntos Exteriores europeos para abordar la criminalización al sector y al trabajo que las entidades de cooperación y humanitarias llevan a cabo en el Territorio Ocupado Palestino.

Solicitar una reunión con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Josep Borrell, para abordar la criminalización del sector de la cooperación y de la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino, y exigir una respuesta clara y pública por parte de la Unión Europea a las acusaciones recibidas al sector.

Manifestar en todas las comunicaciones externas la necesidad de acabar con la impunidad del Estado de Israel exigiendo su cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.

Instamos a las partes a parar inmediatamente cualquier forma de violencia, desescalar las hostilidades, proteger a las poblaciones, atender a los compromisos humanitarios internacionales y detener el uso excesivo de la fuerza. Y a la comunidad internacional a contribuir activamente a ello.