Ciertamente, los profesores en Asturias no se merecen arriesgar su vida presentándose a una oposición docente sin garantías sanitarias. Así lo han puesto también de manifiesto los docentes de Canarias, Valencia, Murcia y Aragón.

Están aumentando los contagios y llegará la cuarta ola en las próximas semanas coincidiendo con la Semana Santa. El exceso de carga laboral con la semipresencialidad se deja sentir, de una forma muy fuerte, en el profesorado y el riesgo de estrés es evidente. La pandemia ha duplicado el trabajo de los enseñantes.

Si a esto se añade el sobreesfuerzo que se exige a este colectivo, en comparación con otros trabajos públicos se observa que la situación es insostenible. En estas condiciones no se pueden preparar adecuadamente las pruebas de la oposición. Lo que no puede ser es que, en vez de aplazar la oposición lo antes posible, se anuncie la suspensión o el aplazamiento unos días antes de la misma, por ejemplo, el 15 de junio.

El proceso de vacunación se ha paralizado. Parece que se va a vacunar el fin de semana a los docentes para que no falten los días laborables en sus centros educativos por los efectos secundarios. Dentro de unas 11 semanas será el momento en el que comenzará el proceso de vacunar con la segunda dosis, o sea, cuando empieza la oposición en Asturias. Es demencial.

Y las vacunas tienen efectos secundarios que afectarán a los opositores y a los que conforman los tribunales. Irán opositores que tienen que estar en cuarentena y se presentarán opositores contagiados para que no los echen de la lista de interinos, con el riesgo consiguiente, aunque esté prohibido. Peligra la vida. Es un sálvese quien pueda.

Las secuelas del coronavirus pueden ser muy serias. Es como jugar a la ruleta rusa con la muerte y esto no se debería consentir por parte del Gobierno autonómico asturiano.

Lo primero es el derecho a la salud y porque se aplace la oposición hasta que el 70 u 80% de la población en Asturias esté vacunada no pasa absolutamente nada, ya que es lo racional y eso no va a ocurrir hasta pasado el verano con seguridad e incluso puede que se llegue al próximo año. El ritmo de vacunación es muy lento y farragoso. Lo dicen también los expertos en estas cuestiones. Es innegable.

Además un calendario lectivo tremendamente exigente que llega hasta el 30 de junio y que tienen que cumplir todos los profesores, como es lógico, produce la indefensión ante la inmensa avalancha de evaluaciones, trámites, informes de todo tipo, exámenes a los alumnos y una gran cantidad de tareas administrativas y burocráticas que requieren muchísimo tiempo en junio precisamente.

Los profesores que formen los tribunales tendrían que estar todos vacunados, pero conviene no olvidar que eso no significa que no contagien o que no puedan resultar infectados. Y esto también se aplica a conserjes y personal laboral que estén presentes en las sedes de la oposición.

Con la descentralización de los tribunales en Asturias puede darse el caso de que haya 350 opositores que se examinen en una localidad pequeña con un elevado riesgo de contagio. A esto es preciso sumar que puede haber cortes de carretera al acudir a la oposición por diversos motivos.

Y que las reservas de hoteles por las dificultades de desplazamiento causadas por la pandemia son otra carga más que no es de recibo, en una situación de pandemia como la que se está padeciendo.

Además, docentes que llevan muchos años trabajando de forma continua pueden quedarse en la calle, con lo que eso supone en los que tienen más de 55 años. No se lo merecen.

En otras Comunidades Autónomas los profesores con 15 o más años trabajados siguen enseñando hasta su jubilación. En Asturias esto no se quiere aplicar. Es, en mi opinión, una actitud discriminatoria injusta que no respeta la igualdad de derechos, por motivos obvios.

Si a esto se une el fraude de ley por la forma de contratación continuada que ya ha reconocido el Tribunal de Justicia Europeo no hace falta decir mucho más para describir la situación de los interinos.

El Tribunal Supremo juzgará si el Sespa abusó de la contratación de médicos interinos. Esto se puede extender al ámbito educativo y crear jurisprudencia. Puesto que varias sentencias del TSJA ignoran la directiva europea. El Supremo puede reconocer la obligatoriedad de un contrato indefinido no fijo o derecho a indemnización. Jurídicamente es lo que procede.