CCOO lanza esta campaña ante el incumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva y de los preceptos básicos de referencia de la Ley 6/2018, el objetivo del sindicato es completar el proceso de estabilización para que realmente la tasa de temporalidad esté por debajo del 8%, y esto pasa por la conversión de todos los puestos de trabajo por programas en puestos vacantes RPT,s.
Ante la inacción de la Administración Pública Regional en su obligación de reconocimiento y creación de los puestos de naturaleza estructural de acuerdo con el artículo 19.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que establece la autorización de "una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017, CCOO apuesta por el afloramiento de las plazas de naturaleza estructural que debieron ser incluidas en las OPE de 2018, 2019 y 2020 y que sistemáticamente son rechazados por la Administración Pública Regional en las negociaciones realizadas hasta la fecha.
Según lo establecido por la Ley 6/2018 de la obligación de las administraciones públicas de cumplir con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado mediante Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, que dispone que "en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 se incluirá la previsión de que las distintas Administraciones Públicas podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de sus servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica, personal de Administración y servicios en las Universidades Públicas, así como de otros servicios públicos que, respondiendo a necesidades estructurales, hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017, de modo que la tasa de cobertura temporal de estas plazas en cada ámbito se sitúe al final del período por debajo del 8 por ciento".
Tal iniciativa persigue denunciar el uso fraudulento por parte de la Administración de los sucesivos nombramientos de interinidad a lo largo de más de una década y que se mantienen en niveles escandalosos y abusivos
La utilización de las contrataciones de interinos por programas se ha consolidado como forma de nombramiento o contratación por parte de la Administración Pública Regional vulnerando reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha advertido, en reiteradas ocasiones, a las autoridades españolas que tales prácticas son contrarias a la Directiva 1999/70 del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuando se trata de necesidades estructurales de personal de las administraciones públicas.
La estructura del Servicio de Empleo y Formación es tremendamente débil ya que el 60% del personal está en interinidad. Grave también es la situación del personal interino por programas que ocupa puestos que en realidad son de estructura, como es el caso del personal de servicios integrado en denominada Agrupación Profesional de los Servicios Públicos o el personal auxiliar administrativo de los centros educativos de la Consejería de Educación y Cultura, además de aquel personal de todas las categorías profesionales que ocupan vacantes reservadas en todas y cada una de las consejerías y organismos autónomos de la CARM. También se puede hablar de debilidad organizativa en la ATRM, con necesidad de mayor número de recursos humanos, dada la importancia que debe ocupar en la fase de recuperación pandémica.
Ante el incumplimiento de estos acuerdos es por lo que CCOO lanza una campaña para el reconocimiento de los puestos de carácter estructural no incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la CARM y de sus organismos autónomos mediante presentaciones de recursos contencioso-administrativos en sede judicial.
Para Paco Saura, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y Antonio López de la Federación de Enseñanza de CCOO, "esta precarización del empleo tiene un claro efecto sobre la calidad de los servicios. "El efecto es doble, por un lado impide una mínima continuidad de las personas en los puestos y por otro se convierten en horarios reducidos a la mínima expresión. Esto con el personal de atención directa es especialmente grave".
