Tras conocer que el ministerio de Sanidad ha establecido criterios de vacunación para los cuerpos docentes, la Federación de Enseñanza solicita a Educación que informe sobre ellos y sobre los procedimientos previstos para ejecutar las actuaciones pertinentes.

La Federación de Enseñanza de CCOO se ha dirigido hoy a la Secretaria de la Consejería de Educación y Cultura para solicitar "una reunión extraordinaria y urgente" del Comité de Seguridad y Salud laboral en la que "las organizaciones representantes de los y las docentes adscritos a su ámbito de competencias podamos conocer de forma precisa las decisiones tomadas el día de ayer por el ministerio de Sanidad, tanto en lo que se refiere a los cuerpos docentes afectados, como a las condiciones de vacunación previstas (prioridad, plazos, posibles excepciones)".

También, CCOO reclama que esa reunión sirva para conocer el procedimiento de actuación previsto por la Consejería de Educación de cara a la vacunación efectiva de miles de docentes de toda la región.

"Consideramos esencial que la Consejería disponga de una planificación adecuada y clara a la hora de ejecutar el plan de vacunación, dado el alto número de personas implicadas", declara Nacho Tornel, responsable de la Federación. Para ello, es deseable la máxima coordinación entre administraciones, por el bien de los beneficiarios y correcto uso de los recursos sanitarios.

CCOO ya expresó en la Junta de Personal docente no universitario celebrada el pasado día 9 el deseo de interpelar a la Consejería para dar un impulso a la vacunación de los cuerpos docentes, por el evidente contexto de proximidad en que se desarrolla su labor diaria, apuntando criterios de prioridad para Infantil, Educación especial y especialidades cuya atención específica requiere un contacto estrecho con los alumnos.

Por último, la Federación señala que sus miembros en situación de licencia por dedicación sindical asumirán, como no puede ser de otra manera, las directrices de vacunación decretadas por el ministerio de Sanidad y el procedimiento de aplicación gestionado por el gobierno regional murciano en los términos que ambas administraciones estimen aplicar.