El Plan, que hace especial hincapié en la prevención del fraude, incluye medidas como la creación de una oficina de atención al contribuyente, un buzón de denuncias o la colaboración con los ayuntamientos

La Comunidad ha iniciado ya el despliegue del Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 2021-22 con la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención al contribuyente que apuesta por la cercanía y potencia la digitalización. Esta es una de las 32 medidas que incluye esta iniciativa, que se enmarca en el Pacto Regional por el Diálogo Social y que ha sido coordinado y consensuado con los sindicatos CCOO y UGT y con la patronal empresarial Croem.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, expuso hoy los principales detalles de este Plan junto con los secretarios generales de Croem, José Rosique, y de estas dos organizaciones sindicales, Santiago Navarro y Antonio Jiménez.

El Plan cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y se estructura en 3 líneas estratégicas como son: la prevención, la lucha contra el fraude, y la búsqueda de alianzas estratégicas.

Durante la presentación, el titular de Hacienda lamentó "el enorme daño que el fraude fiscal produce a nuestra sociedad y a nuestra economía, ya que supone no solo quitar recursos para financiar los servicios públicos, sino también una competencia desleal entre empresas y un engaño al conjunto de los ciudadanos que sí cumplen con el compromiso que nos hemos dado para crear y sostener un estado del bienestar".

En este sentido, el Plan apuesta de forma decidida por la prevención como línea estratégica. Para ello, se pondrán en marcha un total de nueve medidas de tipo tributario y de divulgación, información y concienciación sobre el grave perjuicio que genera el fraude fiscal al conjunto de la sociedad.

"Concienciar a las personas físicas y jurídicas y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales es especialmente importante en una situación como la actual, en la que necesitamos reforzar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales para frenar la pandemia y maximizar cada euro para reactivar nuestra economía. Y resulta también especialmente preocupante en una Región como la nuestra, castigada desde hace años por un sistema de financiación injusto, insuficiente e inequitativo que nos da menos recursos que al resto de comunidades autónomas para financiar los mismos servicios esenciales", denunció Celdrán.

32,84 euros recuperados por cada euro invertido

A través de este Plan, y durante sus dos años de vigencia, se estima que se puedan recuperar 40,5 millones de euros, lo que supone que por cada euro invertido se recuperarían 32,84 euros para las arcas públicas.

Una de las 9 medidas incluidas en este eje estratégico de la prevención, y a las que se destinan un total de 380.000 euros, es precisamente el nuevo modelo estratégico de atención al contribuyente. Dentro de ese nuevo modelo se enmarca la Oficina de Atención y Defensa del Contribuyente, un nuevo espacio orientado a velar por los intereses de los contribuyentes que ayude a mejorar la calidad de los servicios que presta la Agencia Tributaria y, por tanto, a incrementar la satisfacción de los ciudadanos.

Otra de las herramientas clave en el ámbito de la prevención es la apuesta por la digitalización, con actuaciones como la implantación de formularios electrónicos para la presentación de declaraciones tributarias y del resto de trámites o el impulso al uso de la Dirección Electrónica Habilitada y de las notificaciones electrónicas. El nuevo modelo de atención al contribuyente aprovecha también las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades específicas de cada grupo de contribuyentes o para potenciar el conocimiento del contribuyente y de las interacciones entre éste y la administración.

La segunda de las líneas del Plan, la lucha contra el fraude, contiene 12 medidas a las que se destinarán un total de 153.000 euros. Entre ellas figura, por ejemplo, la creación de un Buzón de Denuncias que se pondrá a disposición de los ciudadanos para que puedan colaborar en la detección del fraude fiscal.

En este ámbito destaca también la implantación de las tecnologías de digitalización, utilizando herramientas informáticas avanzadas que mediante Big Data e Inteligencia Artificial permitirán cruzar datos públicos de diferentes fuentes para identificar pautas de posibles fraudes. Así, por ejemplo, se podrá cruzar información sobre propiedades, consumos de agua o electricidad en locales donde aparentemente no hay ninguna empresa instalada o sobre venta de vehículos.

También se intensificarán las actuaciones conjuntas y el intercambio de información con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se incrementarán las inspecciones sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que gestionan los ayuntamientos. Otras actuaciones incluidas en este ámbito son la creación de una Unidad de Asistencia y Seguimiento de Grandes Contribuyentes y la reducción del tiempo medio en el control de todas las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes.

Colaboración con los ayuntamientos

La última de estas 3 líneas, la búsqueda de alianzas estratégicas, contiene seis medidas que no conllevan un coste adicional y que están orientadas a impulsar la colaboración con entidades, organizaciones o personas implicadas en la gestión de tributos y, por tanto, en la lucha contra el fraude.

Una de las actuaciones principales dentro de esta línea, y que ya se encuentra también en marcha, es el impulso de la colaboración con los ayuntamientos tanto para la gestión de tributos como para mejorar el intercambio de información tributaria. Además, el Plan contempla otras actuaciones como la firma de convenios con entidades como los colegios de Registradores y Notarios de la Región o con otras administraciones públicas.

La creciente digitalización también estará presente en este ámbito con actuaciones como el acceso telemático a los datos del Registro Civil y del Registro de Últimas Voluntades.

El Plan contempla además una serie de medidas organizativas para maximizar la eficiencia de sus recursos, tanto humanos como materiales, a las que se destinarán 700.000 euros. Entre estas actuaciones destacan por ejemplo el incremento de la formación y la cualificación del personal de la Agencia Tributaria o la implantación de la dirección por objetivos.