La Comunidad Autónoma exigió hoy al Gobierno central que deje de adoptar "decisiones unilaterales" en las obras del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia, y que permitirán la conexión de la Región a la red de alta velocidad, porque "afectan severamente a los plazos de ejecución y coste, y dejan al margen al resto de socios".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, presentó hoy al Consejo de Gobierno un informe que muestra el "cumplimiento íntegro de las responsabilidades financieras con las obras y muestra, una vez más, el compromiso absoluto del Gobierno regional con el soterramiento, que nos legitima para realizar estos requerimientos al Ejecutivo central", destacó el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo.

Díez de Revenga informó que la Comunidad ha tramitado gastos de esta actuación por importe de más de 45,3 millones, a los que se suman otros 10,6 que se abonarán en el mes de abril, tal y como está establecido en la planificación económica impuesta por el Gobierno central.

En concreto, se han abonado contra factura un total de 19.248.231 euros para las obras de la primera parte del soterramiento (desde la provincia de Alicante hasta el paso a nivel de Santiago El Mayor), mientras que en la segunda (desde la estación ferroviaria del Carmen hacia Almería) se ha pagado por adelantado un total de 26.115.564 euros.

El consejero estacó que "la Comunidad Autónoma está haciendo frente a unos compromisos económicos mucho mayores a la ejecución real de la obra" porque, teniendo en cuenta el ritmo actual de los trabajos, "tendríamos que haber abonado hasta la fecha solo 6 millones en lugar de 26,1".

"Estas cifras nos llevan a concluir que la Comunidad está adelantando dinero a ADIF sin que exista obra real ejecutada y esto lo hace una región infrafinanciada", manifestó Díez de Revenga, que exigió al Gobierno de España una "escrupulosa planificación financiera en un momento económico tan delicado como el actual".

Recordó que, siguiendo las previsiones de ADIF, la Comunidad ha llegado a tener consignados hasta 62 millones entre 2016 y 2018, "que no llegaron a ejecutarse y esto causa enormes problemas de gestión en los presupuestos regionales".

"En plena elaboración de los presupuestos, demandamos un mayor rigor económico y que el Gobierno central nos dé un horizonte certero en la planificación de las obras y su programación económica ya que suponen un gran esfuerzo a los ciudadanos de la Región, que al fin y al cabo son los que financian esta infraestructura", dijo Díez de Revenga.

Decisiones colegiadas

Díez de Revenga reclamó que las decisiones que se tomen en el seno de la Sociedad Murcia Alta Velocidad sean colegiadas, y solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que "deje de improvisar" en el desarrollo de las obras, como ya ha ocurrido con la construcción de una estación de tren provisional -situada junto a la estación actual remodelada recientemente y la proyectada definitiva-, que no figura en el proyecto adjudicado de las obras.

"La estación provisional supone una inversión extraordinaria de 5 millones y será demolida en un plazo de dos años, según el Ministerio", dijo el consejero, quien también pidió conocer el coste de las ejecución de las infraestructuras para la llegada provisional del AVE y que nunca han sido utilizadas (postes, cimentación, andenes…).

Calificó de "irregular" que determinados responsables políticos desvinculados de Murcia Alta Velocidad y de cargo ejecutivo alguno hayan ofrecido a los afectados por las obras compensaciones económicas que no han sido tratadas en el Consejo de Administración. "Este hecho denota una total falta de rigor y profesionalidad, por lo que exigimos información oficial del proceso expropiatorio y su repercusión a los afectados para dar cumplidamente respuesta a los ciudadanos que nos preguntan", declaró el consejero.

Asimismo, solicitó conocer la cuantía de los fondos europeos para las obras del soterramiento, las condiciones y cómo va a reducir las aportaciones de los socios, algo que "han anunciado públicamente algunos partidos políticos para este proyecto, pero de lo que no tenemos información alguna".