La Comisión de Mercado Interior y Protección del consumidor del Parlamento Europeo aprueba el "Proyecto de Informe sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios (2020/2020(INI))", donde se indica que el potencial del mercado único de servicios sigue sin aprovecharse en gran medida.

El pasado 2 de diciembre, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo aprobó el "Proyecto de Informe sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios (2020/2020(INI))".

A través de este informe, los eurodiputados piden a la Comisión que garantice la aplicación y el cumplimiento de la Directiva de Servicios en muchos Estados miembros, a fin de reducir las barreras existentes para la prestación de servicios transfronterizos. Afirman que la fragmentación y los problemas de aplicación le cuestan a la Unión Europea alrededor de 297.000 millones de euros, lo que corresponde al 2% del PIB de la UE.

Según el informe, el potencial del mercado único de servicios sigue sin aprovecharse en gran medida. En la resolución se señala que la prestación transfronteriza de servicios a menudo se ve dificultada por numerosos obstáculos, entre ellos la falta de información fácil de utilizar, el no reconocimiento mutuo o la falta de comparación de las calificaciones profesionales, el acceso limitado a las profesiones reguladas, las restricciones territoriales infundadas, los requisitos lingüísticos y los obstáculos administrativos para la contratación pública. Los diputados subrayan en el dictamen que el estatuto especial de los servicios de interés general sigue estando plenamente reconocido; sin embargo, no se debe hacer un uso indebido de las normas, ya que los Estados miembros a veces obstaculizan injustificadamente el acceso a determinados sectores.

El informe ha recogido las demandas del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), que planteó, a los eurodiputados de la Comisión INCOM del Parlamento, la necesidad de solicitar a la Comisión Europea implementar en la normativa comunitaria la tarjeta profesional europea y su extensión a otras profesiones, en particular la de ingeniero, así como la implementación de los principios comunes de formación contemplados en la Directiva 2005/36/CE. El ágil y adecuado reconocimiento de las cualificaciones profesionales es clave para que los ingenieros europeos puedan aprovechar eficazmente las libertades fundamentales del mercado único. Por tanto, la libre prestación de servicios está estrechamente ligada a un ágil y correcto reconocimiento de cualificaciones profesionales, que permita lograr la convergencia de las profesiones reguladas por los Estados miembros.

Según el Presidente de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, "el desarrollo de la propuesta de Directiva 2005/36/CE, en los aspectos relativos a la tarjeta profesional europea de ingenieros, es una prioridad para nosotros, pues implica una oportunidad para Europa que permitirá avanzar hacia una mayor convergencia profesional y la mejora de la movilidad y competitividad de los ingenieros".

El informe será votado por el Pleno del Parlamento Europeo en el mes de enero de 2021 y servirá para incitar a la Comisión Europea a iniciar un proceso de regulación

En la misma dirección, el COGITI también ha presentado una batería de propuestas de enmienda al Proyecto de informe sobre el impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen. Este informe, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, será votado a principios del 2021.