Esta corporación de derecho público es pionera en elaborar un Plan de Igualdad cuyo fin es servir de guía y modelo para que los colegiados y colegiadas puedan implantarlo a su vez, como profesionales expertos en el derecho del trabajo y de la Seguridad Social, en los sectores productivos a los que asesoran
La Comisión de Igualdad de la institución colegial está formada por seis miembros de la Junta de Gobierno: María José Nicolás (vocal y coordinadora de la Comisión), María Jesús Barquero (vicepresidenta), Lucía Ruiz (secretaria), Antonio Rael (vocal), Mario Luis Valencia (contador), José María López (vocal)
Los graduados sociales de la Región de Murcia han constituido la primera Comisión de Igualdad de un colegio profesional con el objetivo de difundir estrategias similares que mejoren la competitividad en el tejido productivo.
Esta corporación de derecho público es pionera en elaborar un Plan de Igualdad cuyo fin es servir de guía y modelo para que los colegiados y colegiadas puedan implantarlo a su vez, como profesionales expertos en el derecho del trabajo y de la Seguridad Social, en los sectores productivos a los que asesoran, es decir, el 80 % de las empresas de la Región de Murcia.
Comisión paritaria
La Comisión de Igualdad de la institución colegial está formada por seis miembros de la Junta de Gobierno: María José Nicolás (vocal y coordinadora de la Comisión), María Jesús Barquero (vicepresidenta), Lucía Ruiz (secretaria), Antonio Rael (vocal), Mario Luis Valencia (contador), José María López (vocal).
La Comisión de Igualdad tiene como objetivo fundamental integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de actividad del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia.
La principal labor delegada será la de formar e informar a los colegiados y colegiadas de las modificaciones legislativas que se han producido en los últimos meses. Los graduados y graduadas sociales actuarán como agentes de sensibilización de las empresas para que elaboren estos planes como compromiso social, y aplicación del marco regulatorio, para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo laboral.
"El lema de los graduados sociales es la justicia social, y uno de sus elementos clave es la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la promoción y en el impulso de medidas de conciliación, en la formación o la lucha contra el acoso, así como conseguir la igualdad retributiva, materias que se recogerán en el I Plan de Igualdad del CGS de la Región de Murcia", asegura María José Nicolás.
La discriminación genera pérdidas
El Colegio está a la vanguardia de la formación de los graduados sociales como agentes de impulso de estas medidas que implementan un grado de competitividad mayor en el tejido productivo. Con estas buenas prácticas se evitan conflictos y se impulsa la optimización de los recursos humanos en las empresas.
La discriminación hacia la mujer en cualquier compañía acaba generando pérdidas en la excelencia productiva porque no se utiliza todo el potencial y talento aportado por las trabajadoras.
ODS 2030
El Colegio de Graduados Sociales, como representante de los profesionales expertos en derecho del trabajo y seguridad social, tiene entre sus fines de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) potenciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 2030 que hacen referencia al trabajo decente y de igualdad de género.
El Colegio contribuye de esta manera a que la Región de Murcia sea socialmente responsable y que se cumplan los citados ODS 2030, en especial en su apartado 5 que hace referencia a la igualdad de género en nuestra sociedad.
Es imprescindible la implicación de las empresas de manera activa para promover un cambio en la cultura corporativa y que la realidad de las trabajadoras y trabajadores sea tenida en cuenta desde una perspectiva de género y conseguir así, una mayor eficiencia en la estructura productiva.
Además, según la actual legislación, la discriminación salarial sería considerada una falta muy graveen materia de relaciones laborales, lo que estaría sancionado con multas que podrían llegar hasta los 180.000 euros. En relación a esto, aquellas empresas que participen en procesos de contratación con las administraciones públicas, deberán prestar especial atención. El incumplimiento de esta obligación puede afectar negativamente a su capacidad para concurrir a dichos concursos públicos.
