Ha criticado el abrumador incumplimiento del Pacto Regional contra la Violencia de Género, tanto por la precariedad de los servicios, la ausencia de desarrollos, la escasez de medios y opacidad de las escasas acciones llevadas a cabo. Exigen medidas inmediatas de "tolerancia cero a las violencias contra las mujeres".

La Asamblea Feminista seguirá defendiendo los derechos consolidados desde hace años, exigirá otros nuevos y luchará con determinación frente a cuestionamientos de las razones estructurales del maltrato de género y los feminicidios, en las que actualmente algunas organizaciones políticas de extrema derecha se prodigan.

La Asamblea Feminista, organización constituida por más de una veintena de asociaciones de la Región de Murcia, ha realizado un llamamiento a los poderes públicos y a la ciudadanía para que adquieran un compromiso firme en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, y los menores que la padecen. Consideran que ésta es la expresión más abominable de la sociedad machista en la que vivimos, de ahí que proclamen como lema "STOP VIOLENCIA MACHISTA".

En la intervención han evocado con tristeza los nombres de las 41 mujeres que este año fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, 2 de ellas en la Región, así como de 3 menores cuya vida fue arrebatada por sus padres, como un último y miserable ejercicio de venganza. Eloísa Romero, del colectivo + Mujeres por la Igualdad en la Cultura, ha manifestado que "esta triste realidad nos estremece, nos indigna, y nos obliga a exigir a las instituciones actuaciones más contundentes y una mayor colaboración del conjunto de la sociedad para que nadie mire hacia otro lado, y acabar de una vez por todas con esta lacra".

Ha recordado que "en nuestro entorno más próximo hay cientos de agresores que ejercen la violencia psíquica y física de las mujeres, arruinando su autoestima, su libertad, su alegría de vivir y la vida misma. Mujeres que son humilladas, insultadas e incluso aisladas por hombres que creen que tienen derecho a hacerlo por considerar que les pertenecen y que carecen de la autonomía, libertad, independencia o capacidad para tomar sus propias decisiones". "Prueba de ello, ha añadido, es que según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 70% de las mujeres maltratadas sufren ansiedad y depresión".

Para la representante de +Mujeres, estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de corresponsabilidad para afrontar uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad, como es la violencia de género. Un problema que afecta de todas y todos, mujeres y hombres, de distintas culturas, clases sociales, ideologías, edades, religiones, etc..".

También ha puesto el acento en la situación de riesgo que muchas mujeres están viviendo durante la pandemia, pues el maltrato psicológico, económico, físico o sexual sufrido en el ámbito privado coincide en una situación de mayor vulnerabilidad y dependencia de las mujeres respecto a sus agresores. La situación ha obligado a limitar a 2.887 las denuncias presentadas (datos 30 junio 2020 y 6.426 en todo el año 2019), y a un aumento exponencial de llamadas de auxilio al 016, que hasta el mes de octubre alcanzaban la cifra de 1.663. Por otra parte, de marzo a junio de este año los CAVIS y PAES han atendido 1894 mujeres más en 2019.

Ha destacado que, "ante esta situación, es preciso proteger los derechos que nuestra Constitución y las leyes reconocen a las mujeres y afrontar el reto de construir nuevas formas de convivencia con iguales atribuciones de valor entre de ambos sexos". En este sentido, ha señalado que la Ley 2004 y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género han contribuido a aumentar las herramientas y medios destinados a ofrecer mayor apoyo y protección a las víctimas.

Sin embargo, ha recordado que, también las movilizaciones del 8-M o la conmoción provocada por el caso de La Manada, han sido decisivos para contribuir a incrementar la protección hacia las mujeres, aunque ha apuntado que "el objetivo fundamental no puede ser otro que el ratificado por España en el Convenio de Estambul de tolerancia cero a las violencias contras las mujeres", puesto que esta es una violación de los derechos humanos.

Por su parte, Estela de Haro, perteneciente a PIM de Cartagena, ha destacado que, "además de las situaciones de maltrato mencionadas, las administraciones públicas deben asumir la defensa de la integridad y dignidad de las mujeres frente a otras manifestaciones de violencia como puede ser la mutilación genital, el acoso y la trata para explotación sexual". En relación a ello, ha exigido" una mayor intervención de las instituciones públicas que el sistema de prevención, detección y apoyo a las víctimas".

También ha destacado que aunque el Pacto de Estado ha aumentado la dotación económica progresivamente e impulsado importantes cambios legislativos, debe seguir desarrollando sus objetivos. Sin embargo, ha criticado duramente el Pacto Regional contra la Violencia de Género, que desde que fuera aprobado por PP y Cs en 2018 está siendo incumplido de manera abrumadora, ya que la consejerías implicadas no los desarrollan, ni crean los servicios comprometidos, además de estar dotado con escasos recursos y existir una total opacidad en torno a todos su "desarrollo".

Para la representante de PIM, "es imprescindible consolidar un sistema estable frente a las violencias machistas que no esté sujeto a los vaivenes políticos y presupuestarios". También ha reclamado nuevos Juzgados especializados en Violencias de Género para ofrecer mejor y más ágil atención a las víctimas y acabar con las demoras por sobrecarga en los Juzgados mixtos. Asimismo, considera prioritario extender al conjunto de los Ayuntamientos de la Región instrumentos de coordinación interinstitucional, ya que sólo 17 de ellos han establecido convenios de adhesión al sistema VIOGEN. Considera necesario que estos recuperen la figura de "Agentes de Igualdad" en sus Servicios Sociales y extender la Red de Centros de Atención Integral y Acogida a las víctimas al mayor número de municipios.

Igualmente ha exigido "actuaciones por parte del Gobierno Regional que promuevan la igualdad en todos los ámbitos, desarrollando políticas de empleo que permitan el acceso, mantenimiento y promoción en el trabajo, así como Programas de Formación y Apoyo al Emprendimiento de las mujeres. Ha destacado que "ello permitiría, junto a la creación de los servicios públicos necesarios, superar el rol tradicional de cuidadoras que se viene imponiendo a la mujer".

En la intervención de Oleksandra Krot, del Forum de Política Feminista de Murcia, ha reclamado el cumplimiento legal de acabar con la brecha salarial y desarrollar Planes de Igualdad en todas las empresas de más de 50 trabajadores, con medidas concretas que sean auditadas por los órganos de seguimiento, así como la adopción de medidas de acción positivas en las pymes con plantillas inferiores.

También ha realizado un llamamiento para que la administración regional "desarrolle una educación en valores de igualdad y respeto en todos los niveles formativos, concienciando al alumnado desde temprana edad en el respeto a los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales".

Asimismo, ha demandado "el desarrollo de campañas de información y sensibilización ciudadana que activen la colaboración frente a cualquier manifestación de maltrato, abuso o discriminación de las mujeres, por razones de edad, origen, orientación sexual o condición física". En este sentido ha manifestado su "repulsa hacia los agresores, sobre los que debe caer el peso de la ley con las condenas que merezcan". Igualmente, ha exigido "medidas específicas de protección y asistencia integral a mujeres víctimas de trata, abusos o agresiones sexuales, generando conciencia social contraria a estas prácticas y rechazando cualquier imagen pública sexista".

La representante del Foro Feminista de Murcia también ha expresado palabras de admiración y apoyo a las y los agentes implicados en la erradicación de las violencias de género, entre ellas las FCSE, asistentes sociales, profesionales sanitarios y de psicología, ONGs y los cientos de personas que acompañan y asesoran a las víctimas. Considera que el trabajo que desempeñan es esencial para acabar con esta terrible lacra y ha reconocido que además de su profesión ejercen una extraordinaria labor vocacional. En este sentido ha recordado que, de acuerdo con los datos del sistema VIOGEN, de los 3.067 casos activos que existen actualmente en la Región, 1.608 requieren protección policial, 45 de los cuales revisten un riesgo alto.

Finalmente, ha recordado que la violencia hacia las mujeres y sus hijas e hijos incumbe a toda la sociedad, por lo que es necesario unir todas las fuerzas sociales y políticas para hacer prevalecer que los valores de justicia, libertad e igualdad sean una realidad. En este sentido ha advertido que "a nadie la quepa duda que alzaremos la voz y la lucharemos con determinación ante cuestionamientos infundados de las razones estructurales del maltrato de género y los feminicidios en las que algunas organizaciones políticas actualmente se prodigan".