Tras la irrupción de la pandemia producida por el Covid19, los consejeros de Empleo de la Región de Murcia, Miguel Motas; de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amiga; de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; y de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez; consideran del máximo interés "promover e intercambiar las mejores prácticas en materia de empleo, formación, trabajo, economía social y emprendimiento colectivo, en un futuro sumamente incierto en términos de empleo, y muy exigente en cuanto a la atención de las personas afectadas".
Así lo recoge el protocolo de buenas prácticas, firmado por todos, para su puesta en común en materia de empleo, formación, trabajo y emprendimiento. Los consejeros declararon su intención de definir los cauces, para el trasvase de conocimiento, que permitan diseñar acciones conjuntas encaminadas a mejorar la empleabilidad impulsando el empleo de calidad.
Motas señaló que "nos encontramos en un momento en el que es fundamental el intercambio de buenas prácticas entre las comunidades autónomas. Más que nunca, debemos trabajar unidas, aprendiendo las unas de las otras y explotando el conocimiento generado, de forma que las medidas que se adopten no solo sean efectivas sino eficientes, en beneficio de los ciudadanos".
Acuerdos alcanzados
En materia de servicios públicos de empleo, los consejeros manifestaron en el citado protocolo la intención de orientar su actuación prioritariamente a poner en común la información de la evolución del mercado laboral, en un momento como el actual en el que conocer la situación del empleo y su evolución es muy importante, además de mejorar las labores de orientación, trabajando conjuntamente para establecer e impulsar el perfil de la oferta y la demanda.
En cuanto a formación para el empleo, se acordó compartir datos del impacto que tiene el Covid19 en el desarrollo de las actuaciones formativas, y las medidas de flexibilidad implantadas o a implantar, además de fomentar la teleformación en las convocatorias de acciones formativas.
Asimismo, plantearon introducir las adaptaciones necesarias a las convocatorias de los programas de formación para adecuarlas a las necesidades de las personas con discapacidad. Poner en común el desarrollo y la promoción de los centros de referencia nacional en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas, de las acciones de movilidad territorial de sus beneficiarios, así como compartir recursos.
Además, el protocolo recoge el estudio de sistemas de gestión adicionales que combinen la calidad de los cursos de formación y la seguridad jurídica de todos los agentes implicados; y la promoción de la adaptación de la oferta formativa, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a las necesidades reales de cada comunidad autónoma.
En lo que respecta a trabajo, la intención del protocolo es orientar su actuación prioritariamente al intercambio de buenas prácticas en materia de servicios de solución extrajudicial de conflictos, en particular, de los respectivos sistemas de conciliación, mediación y arbitraje.
Respecto a economía social y emprendimiento colectivo, manifestaron la intención de orientar su actuación prioritariamente a la puesta en marcha de programas de formación en economía social y programas de difusión de buenas prácticas con el fin de colaborar en el avance desde el emprendimiento individual al colectivo.
A su vez, se procederá a identificar y diseñar programas de subvenciones para fomentar la contratación de trabajadores en supuestos de baja por Incapacidad Temporal de trabajadores autónomos, así como impulsar otros programas de incentivos de la corresponsabilidad entre este colectivo.
