UGT considera imprescindibles políticas expansivas en cuanto a las rentas del trabajo para dinamizar la demanda a través del consumo de los hogares y reclama ayudas específicas para paliar las pérdidas retributivas de los trabajadores y trabajadoras de los sectores más afectados.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en tasa interanual en la Región de Murcia, desciende hasta en el -0,5%, cifra algo inferior a la registrada a nivel estatal (-0,8%) y una décima por debajo de la registrada en septiembre.

Los mayores incrementos interanuales de los precios en la Región se han dado en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%), Hoteles, cafés y restaurantes (1,2%), Vestido y calzado (1,1%) y Enseñanza (1%). Por el contrario, han registrado las tasas negativas más abultadas los grupos correspondientes a Transporte (-6,3%), Comunicaciones (-4,2%) y Vivienda (-2,4%).

Respecto al mes pasado, el IPC se incrementó en la Región de forma más significativa que en el resto del país (1% y 0,5% respectivamente). En términos intermensuales, Vestido y Calzado (13,9%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%) protagonizan los mayores incrementos, mientras que Comunicaciones (-3,1%) y Vivienda (-1%) registran los mayores descensos.

Por su parte, la inflación subyacente en la Región, se mantiene en su tasa interanual en el 0,6%, y supera en tres décimas la registrada a nivel estatal.

Ante estos datos, desde UGT consideramos que los precios en la Región intensifican ligeramente su caída respecto al año pasado aunque crecen con un significado dinamismo en el actual contexto respecto al mes anterior. No obstante, si no tenemos en cuenta los productos más volátiles, como los energéticos o los alimentos no elaborados vemos que nos mantenemos en tasas positivas aunque muy moderadas.

Cabe destacar el incremento que se está registrando en productos básicos de la cesta de la compra, como los alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que sin duda, afecta especialmente a la renta disponible de los hogares. Del mismo modo, lo hace el precio elevado de las mascarillas, actualmente un producto indispensable para la protección personal y de la salud pública, por lo que UGT valora que, tal y como demandábamos, el Gobierno haya tomado medidas para reducirlo a través del IVA y su precio máximo,

Sin duda, la pandemia está influyendo en los comportamientos de consumo de hogares y empresas, pero también en los salarios de los trabajadores y trabajadoras que son otro factor decisivo en la conformación de los precios.

En estos momentos, es necesario mantener el poder adquisitivo de los salarios, en el sector público y también en el privado, de las pensiones y del resto de prestaciones sociales; en primer lugar, porque es una cuestión de justicia social en estos momentos de grave vulnerabilidad social y, en segundo lugar, porque ello es imprescindible para sostener una actividad económica muy castigada por el retraimiento del consumo que ha provocado la pandemia.

Valoramos, por ello, que el Gobierno de la Nación contemple en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado una subida del 0,9% para las empleadas y empleados públicos y una nueva actualización del SMI que lo aproximaría a los 1.000 euros mensuales.

En cambio, UGT considera que no ha lugar a las diatribas internas que se están produciendo en el Gobierno regional respecto a la subida salarial de las y los empleados públicos, cuando es evidente que se necesita impulsar la demanda a través de una política salarial que garantice el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, además de recompensar el esfuerzo ejemplar que han demostrado en la actual situación.

Por otro lado, consideramos que hay sectores especialmente afectados por la pandemia necesitados de ayudas específicas que contribuyan a paliar las pérdidas retributivas que están padeciendo sus trabajadores y trabajadoras. Está sucediendo con los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en la Región, que tras el cierre decretado, han visto cómo todos los esfuerzos se dirigían a apoyar a las empresas y no a sus asalariados, más de 35.000, que además, llevan 12 años sin actualizar su convenio.

UGT reclama, en consecuencia, además de potenciar y agilizar la gestión de las nuevas ayudas ya en marcha, acordadas con los agentes sociales para paliar las mermas retributivas de las personas trabajadoras afectadas por ERTES, diseñar nuevas medidas de apoyo específicas para los asalariados de estos sectores que están resultando damnificados de forma más cualificada.