El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado su visto bueno a todas las empresas comunes (asociaciones público-privadas de la UE con representantes de la industria, grupos de investigación, organizaciones internacionales y Estados miembros), emitiendo opiniones sin reservas sobre sus cuentas y operaciones financieras. Sin embargo, como en años anteriores, los auditores llamaron la atención una vez más sobre la Empresa Común Fusion for Energy (F4E), principalmente debido al riesgo de incrementos adicionales de costes y de retrasos en la ejecución del proyecto del reactor termonuclear experimental internacional (ITER).
«El valor añadido de las empresas comunes es el hecho de que la UE, el sector industrial privado y los grupos de investigación se asocian por el bien común. lo que aporta innovación y crecimiento económico», señala Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «Nuestra auditoría correspondiente a 2019 confirma que su gestión financiera es sólida, aunque algunos aspectos aún pueden mejorar, como la gestión de la contratación pública, los pagos de subvenciones y los recursos humanos».
Las empresas comunes se crean para llevar a cabo actividades de investigación e innovación en los ámbitos específicos que les asigne el Consejo. Principalmente recurren a licitaciones para seleccionar los mejores proyectos para su financiación. La Comisión Europea es el socio del sector público de las empresas comunes y representa a la UE. En 2019 contribuyó con 1 900 millones de euros aproximadamente a las actividades de investigación e innovación de las empresas comunes. Los socios privados comprenden la industria, varios grupos de investigación y organizaciones internacionales. Proporcionan principalmente contribuciones en especie mediante la ejecución de las actividades de las empresas comunes, en las que invierten sus propios recursos financieros y humanos, activos y tecnologías.
Los auditores han aprobado las cuentas de 2019 de todas las empresas comunes, lo que significa que las cuentas presentan fielmente su situación financiera y que no existen deficiencias significativas en sus operaciones de pagos e ingresos con arreglo a las normas contables. No obstante, los auditores observaron varias cuestiones que necesitaban mejoras. Por ejemplo, aunque los controles internos sobre los pagos fueron eficaces en general y mantuvieron el porcentaje de error por debajo del umbral de materialidad (2 %), varias empresas comunes todavía presentaban insuficiencias en sus procedimientos de contratación pública, de subvenciones y de selección de personal.
Los auditores comprobaron asimismo el índice de ejecución de las actividades de las empresas comunes. Las que se inscriben en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) y el Programa de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), que se establecieron en el ciclo presupuestario de la UE 2007‑2013 (MFP) se encuentran en la fase de cierre. Según los auditores, han logrado un elevado nivel de ejecución de los proyectos y de contribuciones de los socios privados (el 90 % de los objetivos establecidos en los Reglamentos de base de las empresas comunes). En cambio, algunas empresas comunes del marco del programa Horizonte 2020 no alcanzaron sus objetivos. Aunque en su mayoría fueron planificadas por un período de diez años (2014‑2024), los auditores constataron que solo una media del 51 % de las actividades adicionales correspondientes a Horizonte 2020 se habían aplicado hasta la fecha. Por otra parte, las empresas comunes ocupadas en las actividades de Horizonte 2020 finalizaron la mayoría de los procedimientos de convocatoria y ya habían adjudicado o firmado una media del 78 % de sus actividades previstas al final de 2019.
Por último, por lo que se refiere a la Empresa Común Fusion for Energy (F4E), este año los auditores advirtieron de nuevo que la contribución de la UE al proyecto de fusión nuclear del ITER en Cadarache (Francia) se expone al riesgo de incremento de los costes y de retrasos en la ejecución con respecto a las actuales bases de referencia y señalan las consecuencias que pueda tener la retirada del Reino Unido de la Unión después de 2020. Además, los auditores consideran que las insuficiencias de F4E en la planificación de la contratación pública, así como la gestión de recursos humanos y de proyectos, ponen en riesgo su eficacia operativa.
