El único diputado de VOX en la Asamblea Regional, Pascual Salvador, ha presentado esta mañana una moción a favor de la actividad cinegética.

La caza genera en España un beneficio de 6.475 millones de euros con un retorno fiscal de 614 millones. En la Región de Murcia, en la actualidad, se tienen cartografiados 1.128 espacios cinegéticos, ocupando una superficie de 712.706 hectáreas (lo que en términos absolutos representa el 63% de la superficie regional).

“En nuestra provincia hay más de 20.000 cazadores con licencia que generan unos 3.515 empleos”, afirma Salvador, quien añade: “Más allá del impacto económico, que también contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación, la actividad cinegética contribuye al control poblacional de las especies”.

Al tratarse de una actividad que se desarrolla en el medio rural y en amplios entornos, se minimiza la posibilidad de aglomeraciones, evitando así el riego de contagio del COVID-19. Por todo ello más de sesenta entidades representativas del mundo rural, entre ellas la Federación de Caza de la Región de Murcia, han suscrito una carta enviada al presidente del Gobierno en la que reclaman la declaración oficial de la actividad cinegética como actividad esencial.

“Ante esta situación debemos tener en cuenta las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la actividad cinegética durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia ya que ocasionarían una superpoblación de algunas especies silvestres con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para la Región de Murcia”, ha reconocido el diputado.

Las más de sesenta entidades del mundo rural que suscribieron la petición como actividad esencial, avisan de cinco riesgos asociados a la posible paralización de la caza, todos ellos avalados por numerosos estudios científicos, tales como los riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis o peste porcina africana), severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico derivados de los desequilibrios poblacionales de ejemplares de caza mayor, innumerables daños a la actividad agrícola o importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.

Por último, Salvador ha solicitado “el libre desplazamiento de los cazadores entre su residencia y el lugar donde se desarrolle la cacería”.