Según la Consejería de Educación, el Programa “Tutora” es un nuevo paso en la atención educativa del alumnado de la Región de Murcia mientras que en los centros nos sentimos desatendidos por la misma Administración. Según la Consejera de Educación es una iniciativa que constituye otro avance en la concepción de la educación como espacio para la absoluta igualdad de oportunidades. Una frase que queda muy bien para los medios pero está vacía de sentido. Una atención telefónica u online nunca va a proporcionar igualdad de oportunidades, ya que los alumnos con más problemas para seguir el ritmo en la semipresencialidad tampoco van a tener medios para ser atendidos por este programa.
El equipo de esta nueva ocurrencia cuenta con docentes, entre ellos funcionarios de carrera, que se incorporan a este programa a través de comisiones de servicio. Es decir, saco a un docente de un centro presencial y lo pongo a contestar un teléfono. Desde Docentes Unidos no entendemos cómo se crea este servicio con docentes en comisión de servicio mientras se han agotado las listas de muchas especialidades y se está recurriendo al SEF para contratar un personal que no tiene formación pedagógica ni experiencia en las aulas.
Hasta la fecha, y dada la nula transparencia en la gestión del programa, lo único que se conoce es que estas plazas se ofrecen telefónicamente sin que sepamos a qué criterios obedece la selección de personal o por qué se las ofrecen a unos compañeros y a otros no. Y lo que es más importante, tampoco sabemos si se están ofreciendo estas plazas a docentes de riesgo para alejar de las clases a estos compañeros.
Este programa viene a reforzar la estafa de la semipresencialidad, una modalidad que dificulta la conciliación familiar, la docencia, el aprendizaje del alumnado y acrecienta la desigualdad de oportunidades; este escenario de enseñanza tampoco es más seguro que otras alternativas que la Consejería de Educación descartó desde un principio. Aunque seguro que les sale más barato. Nuestro alumnado no necesita un tutor a distancia. Necesita poder asistir a clase todos los días, poder trasladar esas dudas a su profesor de referencia, necesita estar en las aulas, en unos espacios bien ventilados, ya sea de manera natural o artificial, que proporcionen seguridad tanto a ellos como a sus docentes.
Una vez más, la Consejería de Educación sigue haciendo política, implantando medidas estrella que no son eficaces pero que sí malgastan el dinero de todos.
Nuestra Consejera presume de que el Programa “Tutora” pretende explotar todas las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen desde el punto pedagógico. Bien, ¿cómo pretende explotar estas nuevas tecnologías si los docentes no gozan de esa formación, si los centros se han equipado a marchas forzadas de equipos informáticos que no son compatibles con los obsoletos equipos que deberían haber sido renovados hace años por su mismo gobierno? Y es que, en otro titular muy mediático, la Consejera decía que se había dotado a los centros de 3.000 monitores con webcam y al alumnado de 10.000 tabletas, pues bien, esos equipos son los más baratos del mercado y están dando muchos problemas en aquellos centros a los que han llegado.
Los nuevos monitores no son compatibles con la obsoleta tecnología de la que disponen los centros ni solucionan el problema de que los alumnos puedan ver lo que se escribe en la pizarra, puesto que en muchas ocasiones las cámaras están integradas en los monitores y apuntan directamente al rostro del docente.
Una vez más, una medida para hacer política. Los centros educativos vienen adoleciendo de una renovación de los medios técnicos desde hace años y la Consejería de Educación está aprovechando las circunstancias para dotar a los centros de medios inservibles y muy poco operativos.
Desde Docentes Unidos tenemos muy claro que se está malgastando esa partida presupuestaria. Por otro lado, la falta de seguridad en los centros viene de la mano de la desinformación: desde las Consejerías de Sanidad y Educación de la Región de Murcia no se está siendo transparente con los datos de positivos localizados en los centros educativos.
Sabemos que muchos de los positivos no están siendo notificados ni son públicos. Posiblemente los centros educativos sean más seguros ante un contagio que el entorno familiar, pero eso no quiere decir que sean totalmente seguros. Los protocolos de actuación se han ido cambiando conforme han ido saliendo casos en las aulas para disminuir la incidencia de contagios a nivel estadístico.
Al principio se hacían PCRs en cuanto había un positivo en clase, después se consideró que solo se harían a los contactos estrechos, y ahora tenemos en las aulas a estudiantes cuyas familias están a la espera de resultados de PCRs.
Así mismo, como resultado de contratar servicios privados para cuestiones de salud del funcionariado público, MUFACE llegó a un acuerdo con las compañías privadas ASISA, ADESLAS Y SANITAS, a través del cual ellas declinaron hacer las PCR a los compañeros asintomáticos.
Por tanto, en el caso de que un mutualista sea contacto estrecho de un positivo se encuentra en un limbo donde ni las compañías privadas ni el servicio de salud pública les da cobertura para una PCR y los ponen en cuarentena directamente.
Su situación se eterniza sin saber si son positivos o no. Muchos docentes han optado por pagar estas pruebas a título personal con precios abusivos de hasta 150€ sin saber si este dinero se les bonificará o no. Desde Docentes Unidos queremos sentirnos seguros en nuestros puestos de trabajo y, para que las aulas sean seguras, necesitamos unos protocolos claros y concretos con el fin de atajar cualquier brote en las mismas.
Necesitamos que el dinero público deje de invertirse en hacer políticas vacías y se dedique a una buena gestión, como sería proporcionar mascarillas diarias al alumnado y al profesorado, incrementar las medidas higiénicas y de limpieza en los centros, invertir en más profesorado efectivo para desdoblar los grupos y bajar las ratios, utilizando los espacios ofrecidos por los ayuntamientos para proporcionar aulas seguras…, solo con estas medidas el alumnado podría asistir todos los días a clase ejerciendo su derecho a la educación y se acabaría con los problemas de conciliación de las familias y con la desigualdad de oportunidades.
Por otra parte, la enseñanza on line sigue sin estar regulada, suponiendo una sobrecarga de trabajo y la aportación de recursos y medios privados de los docentes tanto en los centros como en casa. Desde Docentes Unidos pedimos al Gobierno Regional y a la Consejería de Educación que dejen de hacer política, de malgastar el dinero público con medidas estrella que no solucionan nada, que dejen de jugar con la salud de toda la comunidad educativa e implanten de una vez las medidas que desde hace tiempo tanto padres como docentes venimos demandando.