El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, mantuvo hoy un encuentro con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, tras el que mostró “el rechazo frontal del Gobierno regional y de la Junta de Andalucía al recorte del trasvase Tajo-Segura que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez”.

La reunión, celebrada en el municipio de Puerto Lumbreras, supone  “un nuevo refuerzo a la alianza del Levante frente a la grave injusticia que desde el Gobierno de España se pretende llevar a cabo con más de dos millones y medio de españoles, que parecen tener menos derecho al abastecimiento o al riego de sus cultivos, por la única razón de vivir en Almería, Murcia o Alicante”, denunció Luengo.

“Nos encontramos en un momento crucial, a las puertas de que el Ministerio adopte una decisión que puede ser irreversible y que supondría prácticamente el cierre del trasvase, reduciendo al límite los aportes a la Cuenca del Segura, afectando al abastecimiento urbano y ‘cerrando el grifo’ a miles de regantes, especialmente al Campo de Cartagena, señalado y criminalizado por el Gobierno de Sánchez”, explicó el consejero.

Antonio Luengo se refirió a que “hoy, más que nunca, es necesaria la unión de Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, no sólo junto con los agricultores, los regantes y la industria agroalimentaria, también con el respaldo de toda la sociedad quien, sin colores ni partidos, debe comprender que el progreso, el empleo y la riqueza en el Levante van ligadas al agua, y que el único objetivo que perseguimos es que se lleve el agua de donde sobra a donde falta, porque en España hay recursos hídricos más que suficientes para garantizar el abastecimiento en cualquier punto del país”.

El consejero murciano lamentó “que las únicas noticias que tenemos del futuro del trasvase son las que aparecen en los medios de comunicación, ya que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no tiene tiempo para atender a la Región de Murcia y abordar de forma conjunta los retos a los que nos enfrentamos”.

Luengo recordó que “en el año hidrológico que ahora finaliza hemos sufrido siete grandes ataques al trasvase Tajo-Segura que hemos tenido que recurrir en los tribunales, dado que las decisiones partidistas de la ministra atentaban contra el derecho a recibir el agua que por Ley nos corresponde”.

Defensa de una PAC sin recortes

Además de la defensa de los derechos hídricos de ambas comunidades, durante el encuentro ambos consejeros también debatieron acerca de la actual negociación de la próxima Política Agraria Común (PAC) “que va a marcar el futuro del sector agrario, un sector prioritario para la Región de Murcia y para Andalucía”.

El consejero murciano manifestó que “seguimos trabajando para lograr que el Gobierno de España defienda los intereses del sector agrario porque, hasta el momento, vemos con preocupación cómo se mantiene la amenaza de una reducción de fondos para el pago de la renta básica, algo que sería muy perjudicial para el nuevo periodo de ayudas, en el que además de la adaptación a un nuevo modelo agrario y de la lucha frente al cambio climático, nuestros agricultores y ganaderos van a tener que hacer frente a las negativas consecuencias económicas que la pandemia de covid-19 está ocasionando”.

Luengo recordó que “hace unos días trasladamos al Ministerio la necesidad de que se incluya la lucha frente a la desertificación dentro de los ecoesquemas que van a definir el destino de las nuevas ayudas. La UE debe tener en cuenta que nuestro país se encuentra al sur de Europa y debe hacer frente desde hace unos años al avance de las condiciones meteorológicas extremas que tantas consecuencias negativas tienen en la agricultura y la ganadería”.

Por último, el consejero explicó que “se ha acogido nuestra reivindicación de que no se incluyera en los planes estratégicos la estrategia ‘de la Granja a la Mesa’, y sus medidas serán recomendaciones, tal y como defendíamos, pero no obligaciones, lo que permitirá a los agricultores y ganaderos adaptarse a un nuevo modelo de forma progresiva y sin obligaciones que cuestionen las ayudas que deben recibir”.