La portavoz en la Asamblea Regional, María Marín, recuerda que nunca se llevó a cabo el desarrollo reglamentario de la anterior norma, aprobada hace más de 17 años, lo que ha contribuido a que nuestra comunidad autónoma tenga "los peores indicadores sociales de desigualdad de toda España, junto a Madrid"

El pleno de la Asamblea Regional ha dado esta mañana luz verde a la tramitación de la Ley de Servicios Sociales, que ha salido adelante con el voto favorable de todos los partidos. La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha explicado en su intervención que su grupo parlamentario ha apoyado esta ley por tratarse de una norma "necesaria, que los profesionales del sector llevan reclamando desde hace años". Sin embargo, Marín ha recordado que se trata de una ley que "llega tarde", tras 17 años desde la entrada en vigor de la anterior, y ha denunciado que a pesar del tiempo transcurrido "nunca se redactó el desarrollo reglamentario", por lo que sus efectos han sido nulos. Además, la portavoz de Podemos ha desgranado las conclusiones de diversos estudios, como el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Murcia FOESSA de 2019, en el que se señala que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la Región es del 34,7%, frente al 26,6% estatal. En números más claros, la diputada ha explicado que este dato supone que "si en el conjunto del Estado español una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza, en nuestra región es una de cada tres", unos datos "absolutamente demoledores". También ha resaltado que en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, la Región de Murcia ocupa el antepenúltimo puesto de la clasificación de las comunidades autónomas. Marín ha asegurado que nuestra región se encuentra "siempre en el podio de los perdedores", siendo "campeones de la desigualdad y la mala gestión".

La portavoz de Podemos ha afirmado que estos datos "no son una condena eterna" y que "con voluntad política, se puede salir de esta situación", tal y como han hecho otras regiones que hace unos años estaban a la cola, como Canarias o la Comunidad Valenciana. Pero para ello, es necesario "hacer esfuerzos desde la administración que permitan avanzar". Los datos de desarrollo de nuestros servicios sociales en los últimos ocho años son de hecho, según Marín, "los peores de toda España junto a los de la Comunidad de Madrid", algo a lo que hay que unir que "sólo el 3,6% de las personas que vive bajo el umbral de la pobreza percibía antes de la pandemia una renta mínima en la Región de Murcia, el segundo porcentaje más bajo de toda España". Pese a contar con estas cifras, Marín ha recordado que Partido Popular, Ciudadanos y Vox pactaron en los presupuestos de 2020 un recorte de 1,9 millones de euros en la partida de Renta Básica, lo que demuestra "la aporofobia u odio a los pobres que destilan estos partidos".

Sin embargo, la diputada ha resaltado que, en plena crisis del coronavirus, "en lugar de velar por los que peor lo están pasando, el Gobierno Regional sigue instalado en las mismas recetas de siempre", consistentes en "menos impuestos a las rentas más altas y más miseria para el resto". Marín ha denunciado además que "aprovechando que pasaba el coronavirus por la puerta", el ejecutivo de López Miras "aprobó incluso nuevas bonificaciones al juego".

Pese a las críticas realizadas a la situación de la pobreza y de las políticas de inclusión en la Región de Murcia, el voto de Podemos ha sido favorable a la tramitación de la ley, aunque Marín ha señalado que "vamos a estar muy atentos a que no falte voluntad política para desarrollar esta vez la ley, en lugar de acabar como la norma predecesora cogiendo polvo en un cajón durante 17 años". El voto a favor de Podemos viene acompañado por críticas a una ley que consideran que "presenta todavía importantes carencias" como la indefinición de una ratio de usuarios por cada profesional de las Unidades de Trabajo Social, algo que esperan que se aborde en la propia ley y "no quede pendiente del futuro desarrollo reglamentario", tal y como demanda el Colegio Oficial de Trabajo Social.

Por último, Marín ha exigido al Gobierno Regional que "se abran a las aportaciones de todos los grupos" y que la nueva ley "sea algo más que una declaración de intenciones o un brindis al Sol, mientras los problemas reales de esta Región se vuelven crónicos".