La diputada regional del PP y presidenta de la Comisión especial de Discapacidad, lamenta que "el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se ocupe poco de las personas con discapacidad que representamos el 10% de la población".
13 de octubre. La Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea regional ha echado hoy a andar con las comparecencias del presidente del CERMI y la presidenta de FAMDIF.
La presidenta de la Comisión, la diputada regional del PP, Sonia Ruiz, ha incidido durante su intervención en tres cuestiones claves para este colectivo "la accesibilidad, asistente personal y mujer con discapacidad".
En materia de accesibilidad, Ruiz ha señalado que "hay pendiente de aprobar un decreto regional que debe tener en cuenta las alegaciones presentadas por las asociaciones". Y ha apelado a la necesidad de "disponer a nivel estatal de una ley más ambiciosa". Respecto a las situación de la mujer con discapacidad, ha abogado por "faciltiar su integración para que no sea doblemente discriminada".
Ruiz ha sido reivindicativa con la regulación del asistente persona, " una figura muy necesaria para que la plena autonomía de las personas con discapacidad sea una realidad". Y ha recordado que "tras catorce años de anuncios sigue si avanzar su regulación desde el punto de vista social, jurídico y administración". En este sentido, ha señalado que esta figura " carece de norma que garantice una prestación económica y tampoco tiene una categoría o cualificación profesional de esta profesión y el establecimiento de un marco laboral".
La diputada 'popular' ha sido crítica con la decisión del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias de "bajar de forma unilateral las asignaciones de IRPF y del impuesto de sociedades destinadas a las entidades de acción social lo que les han causado una reducción en sus ingresos del 15% ".
También ha lamentado que Iglesias "se ocupe poco de las personas con discapacidad, a pesar de que representamos el 10% de la población".Y ha reprochado que desde la vicepresidencia del Gobierno de España "se tomen decisiones de forma unilateral sin contar con los representantes y activistas del sector de la discapacidad". A este respecto se ha referido al globo del ministerio de Seguridad Social de fusionar las pensiones no contributivas con el Ingreso Mínimo Vital lo que considera "un grave error ya que la pensión no contributiva debe seguir existiendo como está concebida en la actualidad".
