"De nuevo, elude sus responsabilidades e intenta endosar sus competencias a otras administraciones, dándole a los consistorios la potestad de regular autorizaciones en casos excepcionales, empujándolos a que incumplan la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Moreno ha denunciado que el Gobierno regional da la espalda a los agricultores al desentenderse de la gestión de los restos de podas agrícolas y pasar la "patata caliente" a los ayuntamientos, que no tienen competencias en este asunto.

"El Gobierno de López Miras ya nos tiene acostumbrados a eludir sus responsabilidades e intentar endosar sus competencias a otras administraciones, como el Gobierno de España o los ayuntamientos. Y, de nuevo, lo ha vuelto hacer con la gestión de los restos de las podas agrícolas", ha indicado.

Fernando Moreno ha criticado que el Gobierno regional, mediante una orden de 29 de septiembre, prorroga una orden anterior del 5 de mayo en la que, con carácter general, se prohíbe la quema de restos agrícolas en los entornos urbanos, y da a los consistorios la potestad de regular autorizaciones en casos excepcionales, empujándolos a que incumplan la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

"Esto ha ocasionado una gran incertidumbre entre los agricultores que no saben cómo deben proceder y una gran inseguridad jurídica a los ayuntamientos que podrían recibir graves sanciones por delito ambiental", ha dicho.

El diputado socialista ha asegurado que, de nuevo, el Gobierno regional muestra su incapacidad para dar solución a un problema que viene arrastrando desde hace varios años. "La falta de iniciativa a la hora de establecer una regulación clara y precisa sobre la eliminación de los restos de las podas agrícolas ha provocado una situación caótica entre los agricultores".

En este sentido, Fernando Moreno ha exigido al Gobierno de López Miras y a su consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que no miren para otro lado, que no utilicen más a la agricultura y a los agricultores para usos partidistas y que, ahora que los necesitan, no les den la espalda.

"Los agricultores de la Región necesitan desarrollar su actividad con las máximas garantías, y no con miedo a que puedan ser denunciados. No inviten ni inciten a los agricultores a que cometan delitos que les pueden acarrear graves sanciones como están haciendo estos días desde la Consejería de Agricultura".

Finalmente, ha pedido al Gobierno regional que trabaje en buscar soluciones y articular alternativas a este problema, y que busquen la financiación necesaria en el marco de la nueva Política Agraria Común para que los agricultores puedan adaptarse a la legislación vigente sobre la gestión de los residuos agrícolas, "porque, como siempre, van con años de retraso".