Desde Docentes Unidos estamos hartos de ver cómo la Consejería difunde titulares engañosos e informaciones falsas. Los 1500 profesores anunciados son un fraude. Nos negamos a permanecer en silencio mientras el Gobierno Regional utiliza la pandemia para hundir el sistema educativo.
Queremos dejar muy claro que estos profesionales no han sido contratados para desdoblar grupos ni para bajar ratios, ya que no se les asignan grupos propios. Sus funciones son de tipo organizativo y no están demasiado definidas: realizan tareas de conserjes o sanitarios pero no de profesores. En definitiva, son una especie de “chicovid” para todo. Son parches que despedirán en diciembre, que no ayudan a mejorar la situación sanitaria y que además se desplazarán por el centro teniendo contacto con todo el alumnado, con el riesgo que esto supone. Se trata, por tanto, de una campaña de blanqueo de imagen que la Consejería está realizando con dinero público para hacernos creer que la vuelta al colegio es segura cuando no lo es. Es más, estos “chicovids” pueden llegar a ser un obstáculo para la contratación de interinos en caso de cuarentena o baja de docentes titulares. Lo más penoso es que la Consejería de Educación quiere hacer creer a la comunidad educativa que se ha dado respuesta a sus demandas, cuando nada de lo que se ha realizado responde a nuestras peticiones.
Siguiendo con esta estrategia de blanqueo de imagen de la Administración, la Consejería de Educación difunde unas sesgadas declaraciones de un pediatra de la Arrixaca, hermano del Director General de Transporte, antiguo Delegado del Gobierno. Estas declaraciones que aseguraban que la vuelta al cole era segura son opuestas a las de otros especialistas que manifiestan todo lo contrario. No contentos con esto, y después de pasar la pelota a los centros educativos, pretenden enturbiar la imagen pública de los docentes, insinuando que los culpables de los contagios en los colegios e institutos somos y seremos los profesores y los maestros, a los que se nos tilda de vagos e incompetentes, como se extrae de las últimas declaraciones del Consejero de Sanidad. Si lamentablemente un docente contrae el virus, no sólo tendrá que lidiar con la enfermedad sino con la criminalización por parte de la clase política, cuando son ellos los culpables de no haber garantizado los medios y recursos necesarios para una vuelta segura. Están poniendo el foco en nosotros mientras se lavan las manos con el gel de sus mentiras.
Además de estigmatizarnos, no se está garantizando nuestra seguridad durante estas primeras semanas en las que aún no se han incorporado los niños. Hemos estado organizando los centros y moviendo mobiliario con compañeros sin que se nos realizasen pruebas serológicas ni PCRs. También se está ocultando información de los positivos que ya hay en distintos centros de la Región, como en Molina de Segura, Murcia o Mazarrón. No se nos considera contactos estrechos, a pesar de permanecer en el mismo espacio durante semanas, y nos envían a trabajar sin tener la seguridad de que estamos sanos con el peligro que esto conlleva para nuestros compañeros, nuestro alumnado y sus familias. De hecho, a día de hoy y con los centros recibiendo a los alumnos, todavía no nos han realizado las pruebas serológicas a gran parte del colectivo docente. No se nos puede olvidar que cuidar al profesorado y a los sanitarios es cuidarnos a todos. Por otro lado, Sanidad determina ahora que los contactos estrechos de los positivos que se dediquen a actividades esenciales no tendrán que aislarse 14 días si la prueba no detecta una infección activa. No entendemos que las normas de riesgos laborales y sanitarias sean distintas a las de otros trabajos, generando además un agravio comparativo entre funcionarios a los que sí les permiten teletrabajar y conciliar, entre otras cosas. Todas estas medidas de desprotección vulneran claramente el derecho a la salud de los trabajadores y de los alumnos. Porque, no lo olvidemos, nosotros estamos en aulas con más de veinte alumnos a diario y no se tiene constancia de nuestro estado de salud ni nos permite estar en cuarentena incluso habiendo estado en contacto estrecho con compañeros que han dado positivo.
En cuanto a las nuevas instrucciones del 12 de septiembre de 2020, en las que se nos obliga a trasladarnos a los centros de trabajo en situación de no presencialidad, consideramos que esta situación absurda da lugar a desplazamientos innecesarios provocando que en las localidades con más incidencia del virus y en fase de confinamiento puedan entrar y salir docentes residentes de otros municipios, favoreciendo así la transmisión comunitaria. Por tanto, exigimos que esta medida sea voluntaria, de tal modo que los docentes que quieran o necesiten hacer uso presencial de los medios del centro, si los hubiese, tengan esa posibilidad. Sabemos, además, que en localidades que han iniciado el curso de forma telemática como Lorca, Lorquí, Totana, Jumilla o Archivel, muchos de los docentes se han enterado por redes sociales de que tienen que ir a los centros a trabajar presencialmente, forzándolos, así, a organizar su conciliación familiar en menos de 24 horas. Por no mencionar a los docentes de riesgo, que se ven obligados a ir a los centros de localidades confinadas con una alta tasa de contagios.
En cuanto a la conciliación, nos llama la atención que aquellas medidas anunciadas a bombo y platillo con las que se intentaba tranquilizar a las familias con respecto al cuidado de los hijos en los días que no iban presencialmente a clase son completamente falsas: en este momento, hay miles de familias buscando guarderías, ludotecas y centros privados para cuidarlos durante las mañanas en las que se les ha abandonado a su suerte.
Además, muchos alcaldes están en contra de las aulas de conciliación por ser un riesgo para la propagación del virus por lo que esos espacios que se podían haber cedido para desdoblar grupos y bajar ratios no van a utilizarse.
Por otro lado, seguimos sin saber exactamente en qué se está gastando el dinero la Consejería puesto que tenemos conocimiento de que se está solicitando una tarifa a las familias para comprar material higiénico desde los centros, que los docentes tenemos que llevar nuestras propias mascarillas en la mayoría de los lugares de trabajo (nos consta que incluso en algunos lugares se van a cobrar las mascarillas quirúrgicas a un euro tanto a los docentes como al alumnado) y que no se está protegiendo convenientemente al personal de riesgo, en algunos centros hoy han empezado sin FFP2 para estos compañeros/as.
Por otra parte y dadas las circunstancias, no entendemos cómo algunos sindicatos han pasado por el aro y se han dejado engañar firmando un acuerdo fraudulento con la Consejería de Educación en la última mesa sectorial. Nos sentimos desprotegidos y nada representados por estas fuerzas sindicales que no miran por la dignidad de sus compañeros ni por la seguridad de toda la comunidad educativa.
Finalmente, nos sorprende que una Consejera que ha sido compañera y ha pisado las aulas, plantee estas “soluciones” cuando sabe perfectamente que no se pueden llevar a cabo en la mayoría de aulas de la Región de Murcia. Desde Docentes Unidos, Ampas Unidas y algunos sindicatos le hemos presentado numerosas propuestas alternativas que priorizan una vuelta segura a las aulas. A pesar de ello, se ha desoído a gran parte de la comunidad educativa y la Consejería se ha negado a trabajar estas propuestas nacidas del trabajo y la experiencia de docentes y familias. Esta postura inamovible sólo se entiende si desde la Administración se están priorizando cuestiones ajenas a la seguridad, la salud y la educación de calidad que merecemos como sociedad.
Señora Esperanza Moreno, la invitamos a volver a su plaza de docente para hacerse con una perspectiva realista de lo que sucede en las aulas para que otra persona en su lugar pueda gestionar mejor esta alarmante situación. Asuma la incompetencia del Gobierno Regional y la ineficacia de su Consejería y váyase.
