CCOO RM lamenta que tenga que mediar un anuncio de huelga para que la Consejería se mueva tras meses de bloqueo de la negociación y que lo haga para proponer un acuerdo que sigue sin garantizar la seguridad de la comunidad escolar.
CCOO RM considera que el texto firmado entre la Consejería de Educación y los sindicatos ANPE, SIDI y CSIF no permite bajar las ratios a un número seguro, no garantiza la provisión de todas los EPIs necesarios y no aborda cuestiones tan necesarias como el incremento de las plantillas del personal de servicios educativos complementarios o la regulación del teletrabajo.
El anuncio de la huelga del profesorado convocado por los CCOO RM y STERM ha hecho que la Consejería se mueva tras meses de bloqueo de la negociación colectiva. Sin embargo, CCOO Enseñanza considera que el acuerdo propuesto por la Consejería de Educación constituye más una maniobra desesperada para desactivar la movilización del profesorado que una solución al problema de salud que plantea la vuelta a las aulas.
CCOO denuncia que la oferta de 700 docentes, sin especificar cuáles de ellos son para la escuela pública y cuáles para la enseñanza privada-concertada, es claramente insuficiente. En este sentido, la oferta de la Consejería no parte del planteamiento adecuado que debería ser determinar previamente cuántos docentes son necesarios para bajar la ratio en todas las etapas y niveles a un máximo de 20 alumnos por aula. El objetivo debe ser, tal y como ha planteado CCOO en la Mesa Sectorial, garantizar que la presencialidad en las aulas sea viable sin comprometer la salud de los miembros de la comunidad escolar. Las cifras planteadas por la Consejería no permiten alcanzar ese objetivo y siguen condenando a la comunidad escolar a una semipresencialidad que dificultará la labor docente, la organización del curso escolar y la adecuada atención al alumnado más vulnerable.
CCOO considera que el texto firmado entre la administración y los sindicatos ANPE, SIDI y CSIF no está a la altura de lo que la escuela necesita para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y la equidad del sistema educativo en la respuesta al alumnado más vulnerable. El incremento de las plantillas docentes no alcanzará para rebajar las ratios a cifras que permitan garantizar la distancia de seguridad. Tampoco se garantiza la provisión de EPIs para el personal y los puestos que lo requieran, mediante la compra centralizada por parte de la Consejería, volviendo a dejar esta responsabilidad a los centros educativos. Igualmente grave es que no se aborde la cuestión del necesario incremento en la dotación del personal de servicios educativos complementarios tan necesario para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.
Pese a los repetidos requerimientos de CCOO a ese respecto durante los últimos meses, la propuesta de la Consejería tampoco aborda la necesaria regulación del teletrabajo en previsión de futuros confinamientos. En esta línea seguimos reivindicando que se provea al profesorado de los recursos materiales necesarios para desempeñar el teletrabajo, se tengan en cuenta las dificultades de conciliación que supone trabajar en casa y, sobre todo, que se regule la jornada de teletrabajo y se articulen las medidas necesarias para garantizar la privacidad y el derecho a la desconexión digital.
CCOO Enseñanza considera absolutamente decepcionante la poca altura de miras de una administración que, tras innumerables solicitudes de que se abriese una negociación integral sobre todos los aspectos del inicio de curso y tras meses de bloqueo de la negociación colectiva, sólo se mueva ante el anuncio de una huelga para plantear propuestas que no solucionan el problema de salud que plantea el inicio de curso. Por lo menos la administración ha marcado claramente al profesorado que el camino a seguir es la movilización.
