La Asamblea Regional de Murcia ha acogido hoy la presentación del documento base del Pacto Regional por la Justicia, realizada por la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, y el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en el que se recogen toda una batería de propuestas para mejorar y modernizar la administración de Justicia en la Región.
El acto, al que han asistido representantes de los cinco grupos parlamentarios y el presidente y el fiscal-jefe del TSJ, ha evidenciado la sintonía entre los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- para lograr que la Justicia en Murcia disponga de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su importante cometido, algo que ha reseñado en su discurso el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo. “Cuando en otras instancias se habla de descoordinación entre las distintas administraciones, aquí en nuestra Región, y, para el caso concreto de la Justicia, se está trabajando coordinada, eficaz y diligentemente”.
La necesidad de un Pacto Regional fue planteada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, en la apertura del año judicial del pasado año. El Gobierno regional recogió el guante y ha ordenado y plasmado en un documento las aportaciones realizadas por más de medio centenar de asociaciones relacionadas directa e indirectamente con la administración de justicia y las más de setecientas propuestas reunidas en el proceso de consulta pública. Queda ahora que los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia avalen y respalden este documento, empeño al que se ha comprometido el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, en sus palabras de bienvenida a los asistentes al acto, para que el documento se haga llegar al Ministerio de Justicia con el mayor respaldo posible.
Entre las propuestas incluidas figura el aumento de medios personales con la creación de 27 unidades judiciales, la incorporación de 15 nuevos fiscales, así como la potenciación del Instituto de Medicina Legal, el turno de oficio y la justicia gratuita. En el capítulo de medios materiales se hace especial hincapié en la creación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, y la conclusión de las sedes judiciales de Lorca y Molina de Segura. Los otros tres apartados están dedicados a la capacitación y formación, la digitalización y la mediación y arbitraje.
El presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, ha elogiado la diligencia y la colaboración entre administraciones en el “proceso que se está siguiendo para superar un problema endémico en la Región de Murcia” y ha declarado que “puede servir de claro ejemplo de cómo actuar con los grandes retos que tenemos planteados en otros ámbitos”.
