El documento, que recoge las aportaciones de más de 50 entidades de todos los ámbitos de la sociedad y aportaciones de los ciudadanos, elevará las demandas de la sociedad murciana al Ministerio de Justicia

El Gobierno regional presentó hoy en la Asamblea Regional las 50 propuestas incluidas en el Pacto para mejorar y modernizar la administración de Justicia en la Región de Murcia. Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, expusieron el contenido de este documento al presidente de la Asamblea Regional y a los partidos políticos representados en la Cámara, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, al Fiscal Superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, y al secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra.

Esta comparecencia inicia una ronda para buscar la adhesión de diferentes entidades y asociaciones de todos los ámbitos de la sociedad. El objetivo es seguir recabando los máximos apoyos y representatividad para elevar las demandas de la administración de Justicia y de la sociedad murciana al Ministerio de Justicia.

En la elaboración del Pacto, de hecho, ya participaron más de medio centenar de entidades de los ámbitos judicial, académico, político, social o empresarial, además de contar con las más de 700 aportaciones realizadas por los ciudadanos a través de un proceso de participación pública.

El consejero Javier Celdrán subrayó durante la comparecencia que el Pacto "es fruto de un intenso trabajo y de un gran acuerdo político y social que sin duda refleja de manera fiel el estado de la Justicia y la visión que la sociedad tiene sobre el funcionamiento del sistema judicial en la Región".

"El Gobierno regional recogió hace un año el guante lanzado por el presidente del TSJ y el Fiscal Superior para tratar de corregir el déficit histórico de medios humanos y materiales que padece la Región, y ahora este Pacto va a permitir elevar la voz de los murcianos para llevar estas demandas al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y los recursos para modernizar esta administración y dotarla con más y mejores medios humanos y materiales", señaló Celdrán.

Por su parte, la consejera Beatriz Ballesteros destacó que "la Justicia es una herramienta indispensable para mantener la estabilidad social y aportar solidez económica, prosperidad y progreso".

"El documento recoge medio centenar de propuestas concretas en los ámbitos del refuerzo en medios personales, refuerzo en medios materiales, implantación de nuevas tecnologías, actualización formativa y de nuevas capacidades y fomento de la mediación y el arbitraje. Medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema judicial en la Región de Murcia y que permita seguir sirviendo de instrumento de cohesión y de garantía de derechos y libertades", señaló Ballesteros.

En la actualidad, según el informe 'La justicia, dato a dato' correspondiente a 2019, la Región es la tercera comunidad con peor ratio de jueces por habitante (10,7 por cada 100.000 habitantes), lejos de la media nacional (11,9 por cada 100.000) y de comunidades como Asturias (15,3 por cada 100.000 habitantes) o Cantabria (13,8 por cada 100.000 habitantes).

La consecuencia de esta infradotación es que, a pesar de la gran cantidad de asuntos que resuelven, los tribunales de la Región son los terceros más congestionados de toda España, con más de 100.000 asuntos pendientes a día de hoy.

Un atasco judicial con un impacto de 1.500 millones al año

"Este atasco judicial pasa una enorme factura a la economía regional, ya que traslada la idea de una Región menos competitiva, menos segura jurídicamente y menos atractiva para los inversores. Diversos estudios, además, cifran en torno a 1.500 millones anuales el impacto económico de un sistema judicial que resulta ineficiente por la falta histórica de recursos", lamentó el titular de Presidencia y Hacienda.

"La más que previsible entrada masiva de asuntos durante los próximos meses supone además un reto de proporciones extraordinarias, que exige para afrontarlo la colegiación de esfuerzos entre todas las instituciones, corporaciones y actores de la sociedad civil para conseguir para la Región una respuesta judicial que contribuya a la preservación del tejido económico y la salvaguarda de los derechos individuales y libertades públicas", destacó la titular de Transparencia, Participación y Administración Pública.

El documento final recoge medio centenar de propuestas estructuradas en cinco ejes, como son el refuerzo de medios personales y materiales, la implantación de nuevas tecnologías, la actualización formativa y de nuevas capacidades de los profesionales judiciales y el fomento de la mediación y el arbitraje.

En lo que se refiere al refuerzo de medios, tanto personales como materiales, el Pacto recoge algunas propuestas como la creación de 27 nuevas unidades judiciales para equipararse a la media nacional; la incorporación de 15 plazas de fiscales; refuerzo del personal en el Instituto de Medicina Legal y Forense; la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y de nuevas sedes judiciales en Lorca y Molina de Segura; la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Murcia o la construcción de infraestructuras que garanticen la privacidad en los juzgados de violencia de género.

Dentro de la integración de las nuevas tecnologías figuran, por ejemplo, potenciar el trabajo en la nube; facilitar los medios para implantar el expediente judicial electrónico, el uso de videoconferencias en conciliación laboral o el impulso a la red LexNET con la incorporación de los registradores y notarios.

En el ámbito formativo, el Pacto aboga por la colaboración en la formación con colectivos diversos como los criminólogos, trabajadores sociales, registradores, notarios o informáticos; una mayor especialización de los profesionales de la abogacía en materia de igualdad y de menores o por la mejora en el manejo de nuevas aplicaciones.

Por último, en lo que se refiere al fomento de la mediación y el arbitraje como fórmulas para reducir la tasa de litigiosidad, se incluyen algunas propuestas como el apoyo a la Unidad de Mediación Intrajudicial; difundir las ventajas de la mediación y el arbitraje o una reforma de la legislación regional que impulse estas herramientas como alternativa a la vía judicial.