Piden que asuma sus competencias, las prohíba definitivamente y establezca con las organizaciones agrícolas alternativas como el triturado de podas y rastrojos para su uso como abono natural y manto vegetal

Ecologistas en Acción critica la actitud del Consejero Antonio Luengo, por eludir su responsabilidad y mantener una actitud pasiva ante la proliferación de quemas agrícolas en la región.

La organización ecologista explica que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (B.O.E, núm. 181, de 29 de julio de 2011), así como la Resolución conjunta entre la Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud pública y Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y Medio Natural, en relación a prácticas de quemas en el sector agrícola (BORM núm.66 de 21 de marzo de 2019) señalan la prohibición de las quemas agrícolas con carácter general.

Solamente –recuerdan- se podrían autorizar, de manera excepcional y bajo medidas extraordinarias de prevención, en caso de que exista un riesgo fitosanitario real y comprobado por parte de la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal.

A esto se une que, hasta el 30 de septiembre, las quemas de restos vegetales agrícolas están particularmente prohibidas por la Orden de 5 de mayo[1]  como medida para proteger la salud de la población en el contexto actual de crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2.

Sin embargo, el número y volumen de las quemas agrícolas siguen creciendo en la región, sin que la mayoría de ellas tenga una autorización por riesgo fitosanitario real y comprobado, y sin que se adopten las medidas oportunas para evitar episodios de contaminación derivados de estas quemas de rastrojos y residuos agrícolas.

La Consejería de Agricultura sigue amparando las quemas agrícolas

La organización ecologista critica que Luengo exija al Ministerio una estrategia frente a las quemas agrícolas a la vez que desde la consejería que dirige se siga incentivando estas prácticas sin ningún tipo de control con normas como la Orden sobre acumulación de resto vegetales[2], un texto que incluso vulnera la legislación básica estatal (Ley 22/2011 de residuos), tal como han advertido los servicios jurídicos de la propia Consejería recientemente.

Critican también que se haya emitido una nota Informativa. En relación los usos del fuego para la eliminación de restos agrícolas con el logo de la Dirección General del Medio Natural y de Agentes Medioambientales (pero sin firma), que están manejando dichos agentes, y que entra en franca contradicción con la normativa vigente, es confusa y sesgada y da la impresión de que se pueden realizar quemas de residuos a más de 400 metros de superficie forestal sin justificación previa ni control.

La Consejería debe asumir sus competencias

Esta falta de coordinación dentro de la Consejería que dirige Luengo (que ostenta las competencias en materia de agricultura y medio ambiente) y su escasa voluntad en afrontar el problema de las quemas agrícolas, es la responsable de que sigamos teniendo a diario imágenes de quemas agrícolas no autorizadas que siguen afectando a la calidad del aire que respira la población en numerosos municipios de la región.

Por tanto, desde la organización ecologista reclaman, tanto la derogación de la Orden de 2017 sobre quemas, como el desarrollo de instrucciones concretas y explicitas a los agentes medioambientales dejando claro que las quemas de residuos agrícolas no están autorizadas, salvo en el caso concreto de un riesgo fitosanitario real y comprobado por parte de la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal.