En una iniciativa jurídica promovida por AIDMUR, Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, y a la que se han sumado más de cuarenta docentes de la región desde la plataforma Docentes Unidos, piden en su demanda que se dictaminen medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas.
La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) llevará a los tribunales a la Consejería de Educación al entender que las medidas anunciadas por Esperanza Moreno para el inicio de curso "no ofrecen las mínimas garantías de seguridad sanitaria para hacer frente a la pandemia del coronavirus".
La secretaria de la asociación, Sara Henarejos, ha explicado que las medidas planteadas por la Consejería de Educación "no garantizan la seguridad ni de los docentes, ni del alumnado, ni de el resto de profesionales que realizan su labor en los centros educativos" por tanto y, ante la inacción de la consejería quien ya ha afirmado que no piensa discutir con la comunidad educativa las medidas de inicio de curso "no nos ha quedado otro remedio que exigir en los tribunales lo que creemos que nos corresponde por derecho y es que se garanticen unos mínimos de seguridad en los centros educativos".
En opinión de Henarejos la "Esperanza Moreno, ha vuelto a ignorar a la comunidad educativa en sus demandas de contratar más profesorado y habilitar espacios", pero lo que es más grave "ha ignorado los derechos a la seguridad de docentes, alumnos y trabajadores de los centros educativos". La secretaría de AIDMUR ha recordado que no es la primera vez que Esperanza Moreno se niega a ampliar las plantilla, pues ya en el mes de marzo cuando el Gobierno de España aprobó la derogación de los recortes del ex ministro Wert, se negó a bajar las ratios y las horas lectivas al profesorado. "En 2012 fueron los primeros en despedir a 3.300 docentes y nunca han manifestado la más mínima intención de recuperarlos, aunque nos vaya la salud en ello, ya parece algo personal" ha afirmado Henarejos,
Los docentes han presentado la demanda de mano de los abogados murcianos Sergio Ramos y José Enrique Saura, Ramos ha expresado que en su opinión lo la Consejería de Educación ha incurrido en una "VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR FALTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" por lo que se solicitar a juzgados de los social de Murcia y Cartagena que resuelvan de forma urgente un procedimiento de medidas cautelares que garanticen una vuelta segura a las aulas. En opinión del abogado, "la Consejería de educación ha faltado a su deber al no realizar una evaluación previa de los riesgos de los puestos de trabajo" y ello a pesar de estar inmersos en un contexto de pandemia y crisis sanitaria, lo que no solo vulneraría lo dispuesto en los arts. 16.2 y 25.1 LPL, sino también las más elementales directrices de las autoridades sanitarias.
Ramos ha explicado que las medidas cautelares pedidas son tan de sentido común como "garantizar que en las aulas se cumple con la distancia de seguridad, un informe de riesgos laborales sobre el riesgo de cada puesto o la entrega de EPIS certificados por riesgos laborales y adaptados al puesto de trabajo". El abogado ha explicado que el procedimiento de medidas cautelares se utiliza debido a la urgencia de resolución ya que el próximo día 1 los docentes tienen que incorporarse a las aulas y no tienen garantizada la seguridad en las mismas, y con este procedimiento el juez debe resolver de manera urgente aunque el proceso sobre el fondo de la demanda se demorará en el tiempo.
Por último Henarejos se ha hecho eco del descontento de gran parte de la comunidad educativa con la Consejera de Educación, y ha lamentado que sean los docentes los que tengan que exigir en los tribunales lo que la Consejería de Educación debería garantizar, "si Esperanza Moreno no se ve capacitada para hacer su trabajo garantizando la seguridad en las aulas, alguien debería invitarle a marcharse y poner en su lugar a una persona que no nos haga peligrar nuestra salud ni la de nuestros alumnos" ha sentenciado, la secretaria de AIDMUR.
