El presidente de Aotec, Antonio García Vidal, a criticado que el Gobierno central haya año a año laminado la capacidad de las pymes para acceder a las ayudas europeas a la extensión de la banda ancha (PEBA) hasta eliminarlas por completo de la ecuación "de un plumazo" en esta última Orden de Bases, consagrando todas las ayudas a las grandes operadoras.

García Vidal ha reivindicado que se cambie el PEBA y se elimine el límite de un proyecto por provincia, ya que con este modelo pueden optar los grandes operadores nacionales y regionales. De este modo se reduce la competencia que ha existido hasta ahora.

Además, recuerda que el operador local fue pionero en instalar fibra, comenzando a usarla en 2007, "mucho antes de que se arbitraran ayudas". Por ello, considera que dar la espalda a estas empresas negándoles el acceso a los fondos comunitarios "no es de recibo", asegura García Vidal.

Por el contrario, defiende que el término a otorgar sea, como hasta ahora, la entidad de población y que se establezca un sistema para otorgar mayores ayudas cuanto más pequeña sea la población, de forma que para el operador sea interesante cubrirlas.

La discriminación positiva de zonas se encontraba recogida en la actual orden de bases pero no se ha aplicado en la convocatoria vigente. Las ayudas seguirán siendo lineales, lo que llevará a que los grandes operadores prioricen las zonas más pobladas en detrimento de la España vaciada. Estos territorios, como les ocurre con otros servicios e infraestructuras,  deberán seguir esperando a posteriores convocatorias para ser cubiertos.

García Vidal recuerda que los operadores locales "tienen su asiento natural en las poblaciones pequeñas. Expandirse en este tipo de territorios es su día a día por lo que actúan con mayor agilidad y optimización de los costes. Somos más eficientes que las grandes". El presidente de Aotec ha lamentado que el Ejecutivo "haya hecho oídos sordos" a un sector de casi 900 empresas que se ubica en la España rural.

"No ha valorado suficientemente el activo que suponen las pymes para los territorios en los que se asientan en términos de generación de empleo (con un 15% de los puestos de trabajo directos del sector teleco pese a tener un 3% del negocio), así como en la movilización de la riqueza y de dinamización del tejido empresarial. Es lamentable. El Ejecutivo debe entrar en razón".

Aotec ha mantenido varias reuniones sobre el PEBA con el Gobierno, con el que mantiene un diálogo abierto. "No se puede pretender que las pymes se expandan con dinero propio y las grandes corporaciones con subvenciones", añade. 

Por otra parte, García Vidal ha reivindicado que en las actuaciones para la digitalización de los territorios rurales "se tenga en cuenta al operador local". El representante de Aotec ha vuelto a defender la necesidad de un "gran pacto por la digitalización en España donde estén todos los sectores implicados e incluso los ciudadanos".

Ayudas cada vez más restringidas

Señala que inicialmente las ayudas se otorgaban sin un mínimo de inversión y que en dichas convocatorias el operador local se hacía mayoritariamente con aquellos proyectos que presentaban porque "somos tres veces más eficientes en el uso del dinero público que las grandes y medianas operadoras".

Sin embargo, el pasado año se obligó a que el importe mínimo de los proyectos fuera de 100.000 euros, restringiendo las posibilidades para el operador local, "no porque no tuviera proyectos, sino porque para poder participar debía acreditar unas inversiones de más de 300.000 euros en los tres últimos años".

En la orden actual se deja al operador local totalmente fuera al otorgar un sólo proyecto por provincia. Y lo hace creando un marco normativo que permanecerá vigente hasta 2022, con lo que dejará a las pymes sin opciones para cualquier actuación futura.

Asimismo, recuerda que los operadores locales "hemos defendido que un aval bancario serviría para justificar la solvencia económica de una pyme, algo que ahora se utiliza y que se nos negaba en anteriores convocatorias (lo que suponía una limitación)", critica García Vidal.

Una herramienta –la del aval-- que ahora ya no puede usar el operador local dada la envergadura del importe de los proyectos provinciales, que exigirían avales "inalcanzables para cualquier pyme".

Añadiendo que un país que ha afrontado una pandemia como el Covid, en la que estamos aún inmersos, no puede permitirse el lujo de ignorar a sus pequeñas y medianas empresas.