Ciudadanos, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, ha impulsado una Estrategia de Gobernanza Pública regional, cuyos ejes son la modernización y simplificación administrativa, la calidad de los servicios públicos, el gobierno abierto y la implantación de acciones preventivas de corrupción, y el cambio cultural. Los principios de Transparencia, Despolitización, Eficiencia Administrativa y Lucha contra la Corrupción, así como la simplificación de la burocracia y la e liminación de las ineficiencias administrativas, que la contratación del sector público cumpla escrupulosamente los principios de publicidad, neutralidad, transparencia y buena gestión y la apuesta por una Administración digital en la que ningún ciudadano tenga que presentar un papel que ya haya presentado previamente ante cualquier Administración Pública “conformaron una parte importante del programa electoral con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones autonómicas en 2019, en el que prometimos más transparencia y rendición de cuentas para que todos los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero”, ha destacado el portavoz parlamentario, Juan José Molina.
Conseguir este es el objetivo de la Estrategia de Simplificación Normativa y Administrativa, que Molina considera que “eliminará trabas burocráticas con el fin de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana, a propuesta de la Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, la Estrategia Regional de Gobernanza Pública, con la que se pretende progresar en la transformación de la Administración Pública Regional “para construir un nuevo modelo de gestión centrado en el ciudadano, transparente, ágil, flexib le, innovador, sostenible y facilitador de la actividad empresarial”, en palabras del portavoz liberal.
Esta estrategia regional está dotada con 2,4 millones de euros, se estructura en cinco grandes líneas, conformadas con 13 objetivos estratégicos y 73 medidas concretas. La primera línea se centra en la modernización y simplificación administrativa, planteando medidas de revisión y simplificación de normas y procedimientos administrativos, mejora de la accesibilidad a los servicios de administración electrónica y eliminación de los obstáculos y trabas burocráticas que impidan el crecimiento económico. Entre ellas destaca la carpeta empresarial que permitirá hacer efectivo el principio de “solo una vez” de forma que las empresas solo tengan que presentar una vez la documentación que les demanda la Administració n Regional.
Además, esta estrategia comprende otras líneas prioritarias que son reflejo de otros compromisos establecidos también en el Acuerdo Programático de Gobierno, “como el impulso a la planificación estratégica y la evaluación de las políticas públicas en la Administración Regional. De la misma forma, se incluyen medidas de mejora en la calidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, así como de mejora de la productividad y eficiencia de los recursos públicos”, según ha explicado el diputado naranja.
La estrategia que ha aprobado el Gobierno regional de coalición Cs-PP incluye medidas para avanzar tanto en transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas como en materia de ética, integridad pública y prevención de la corrupción, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y fomentar la puesta en marcha de acciones que eviten y detecten comportamientos corruptos.
“Estas últimas medidas se enlazan con la Proposición de Ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción que Ciudadanos ya presentó en la Asamblea Regional al comienzo de la legislatura”, ha añadido Juan José Molina. Así, la Estrategia no solamente prevé la puesta en marcha de un Buzón Ético en el que se puedan denunciar de forma anónima malas prácticas y comportamientos irregulares en la Administración Pública, sino también medidas como la elaboración de un mapa de riesgos de corrupción y una E strategia Anticorrupción, así como la implantación de un sistema de huella normativa en el ciclo de vida de los expedientes de elaboración de normas vinculada a la puesta en marcha de un registro de ‘lobbies’ y grupos de presión, cuyo desarrollo se prevé en la Estrategia de Gobernanza aprobada por el Consejo de Gobierno.
