“En las inspecciones en campaña hay un despliegue de medios terrestres, aéreos y de efectivos que más parece que es una operación policial que un control administrativo”

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su preocupación por la falta de diálogo con el sector en relación a los rebrotes de coronavirus identificados en personas temporeras así como por las circunstancias en las que se está procediendo en las inspecciones de trabajo.

Unión de Uniones se muestra crítica con la falta de información e indicaciones sobre los casos de COVID -19 que han hecho saltar las alarmas en el campo. “Los agricultores ya cumplimos las normas, pero esta situación requiere de protocolos especiales para atajar los brotes que no se están poniendo en marcha”, indican desde la organización.

La organización insiste en que la responsabilidad de los empleadores llega hasta los trabajadores que contratan, en el marco de su relación laboral y en lo que la ley les obliga, pero que no se les puede atribuir situaciones que puedan generarse fuera del trabajo o por las circunstancias en las que se produce la entrada o movilidad de personas que buscan empleo en España, ni por la aparición de asentamientos ilegales, cuyo control, en todo caso, corresponderá a las Comunidades Autónomas.

Por ello, Unión de Uniones ha reclamado a Trabajo que colabore con Sanidad y las Comunidades Autónomas en hacer un diagnóstico preciso de cómo y dónde se están produciendo los focos de contagio para actuar en consecuencia.

En este sentido, Unión de Uniones considera que la situación es lo suficientemente grave como para que se den instrucciones y recomendaciones claras y se cuente con la opinión del sector a la hora de entender la realidad en la que se opera.

Inspecciones de trabajo con un despliegue desproporcionado

Asimismo, la organización mantiene que las inspecciones de trabajo que se están realizando últimamente en las campañas agrícolas son desproporcionadas y no se equiparan a las de ningún otro sector. “Hay un despliegue de medios terrestres, aéreos y de efectivos que más parece que es una operación policial que un mero control administrativo”, critican. “Esta organización no defenderá nunca la ilegalidad, pero es un trato que los agricultores y ganaderos como colectivo profesional sinceramente no nos merecemos”, apuntan.

Unión de Uniones ya denunció hace unos meses que se estaba criminalizando al campo en su conjunto y que no se podía permitir que se trasladase esa imagen irreal y negativa a la sociedad. “Hasta hace poco éramos unos héroes” – comentan – “Desde Trabajo no deben contribuir a estigmatizar el campo si no a solucionar lo que no funciona, siempre desde el diálogo con el sector y manteniendo una postura realista.” – concluyen.

La organización confía en mantener una próxima reunión con la ministra para tratar estos asuntos, junto con otros de interés para el sector como los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la conveniencia de un convenio marco estatal. De esta manera, la organización emplaza a Yolanda Díaz a explorar los espacios en los que se puede trabajar conjuntamente en beneficio de la creación de empleo digno y seguro en la actividad agraria, algo especialmente necesario en las actuales circunstancias.