Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias.
La formación naranja resalta la incoherencia existente en las competencias que la LOE atribuye a las Comunidades Autónomas y a los centros educativos, mientras el Gobierno de la Nación cuenta entre sus atribuciones con la competencia para diseñar el currículo básico educativo.
Por lo tanto, existe una variabilidad en contenido de las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad entre autonomías.
La formación liberal denuncia el desarrollo de diferentes pruebas, con un contenido distinto y cuyos criterios de corrección difieren en cada región, algo que supone un obstáculo para que el alumnado, en base a sus méritos y capacidades, compita en condiciones de igualdad para obtener una plaza en la universidad de España que prefiera.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina, incide que “de esta prueba depende el futuro de los estudiantes”.
En la Región de Murcia casi 8.000 alumnos se presentaron a la prueba en julio de 2020 y el 91,85% la aprobaron, pero dadas las diferencias entre comunidades, pueden tener dificultades en otros territorios.
Esta Proposición de Ley modifica los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por los que se establece las condiciones para obtener el título de Bachiller y sobre la prueba de acceso a la universidad, respectivamente.
En concreto se solicita que para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos.
Si bien, los alumnos que tengan el título de Técnico en Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño podrán obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato.
En referencia a la EBAU destaca la realización de una única prueba que debe garantizar la igualdad en el acceso de todo el alumnado con independencia de su lugar de residencia.
Para ello, el Gobierno establecerá las características básicas, los contenidos comunes y los criterios de evaluación, previa consulta a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación, la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado, versando en todo caso sobre materias de segundo de bachillerato.
Para Ciudadanos, debe ser el Gobierno, previa consulta con la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, quien establecerá una horquilla de las tasas qu e deban ser abonadas por el alumnado que se inscriba para realizar la prueba de acceso a la universidad al igual que un calendario común.
Un ejemplo de ello lo vemos en el coste de la prueba general en Murcia en 2020 es de 78,43 €, mientras que en Madrid asciende a 93,02€ y en Aragón a los 124,12 €.
En definitiva, “una armonización e igual dad de oportunidades en todo el conjunto nacional”, añade Juan José Molina.