El cierre de los centros educativos debido a la pandemia de Covid-19 y su posterior reapertura gradual supuso graves distorsiones en los servicios de limpieza que en muchas ocasiones tuvieron que ser resueltas por el conjunto del profesorado y por las reducidas plantillas de servicios de limpieza que se fueron incorporando poco a poco a los centros. Mientras, la Consejería de Educación y las administraciones locales dejaban recaer la responsabilidad sobre los equipos directivos y evitaban actuar para garantizar que en todos los centros educativos, tanto institutos como colegios, se aseguraba el servicio de limpieza.
Desde Intersindical Servicios Públicos y STERM Intersindical denuncian que la Consejería de Educación y la Dirección General de Función Pública, lejos de resolver estos problemas y reforzar los servicios de limpieza, están realizando una importante dejación de funciones que expone a graves riesgos a la comunidad educativa. Desde las organizaciones sindicales denuncian que son varios los centros educativos de la Región a los que se les ha comunicado que los servicios de limpieza, cuya contratación depende de la Dirección General de Función Pública, sufrirán un recorte importante reduciendo jornadas laborales de las 37 a las 30 horas semanales a pesar del aumento de la carga de trabajo debida a los escenarios de adaptación al COVID-19. Esto se suma a los ya habituales retrasos en las sustituciones de personal y de haber dado lugar a agotar las bolsas de personal no docente sin poder ahora sustituir al personal en baja o de vacaciones, quedando estas plazas sin cubrir, y los centros sin atender.
José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, señala que "Educación está asumiendo una postura totalmente irresponsable. Por un lado, de cara a la galería adopta decisiones unilaterales y aprueba guías con recomendaciones higiénico-sanitarias que, por otro lado, incumple porque recorta sobre las plantillas de los servicios de limpieza. Esto pone en riesgo a toda la comunidad educativa y expone gravemente a los equipos directivos a los que en última instancia se les hace responsables de garantizar estos servicios".
En este sentido se pronuncia Paqui López, delegada de INTERSINDICAL Servicios Públicos, que denuncia "la falta de compromiso de Educación con los servicios de limpieza y la falta de diligencia que ha demostrado puesto que no paran de imponer criterios económicos sobre cuestiones de salud que deben ser prioritarias en estos momentos y de pasarse la pelota entre personal docente y no docente, entre Educación y Función Pública, sin poner los recursos necesarios para garantizar la salud de toda la comunidad educativa".
Ambas organizaciones exigen que se dé marcha atrás a los recortes en servicios de limpieza de los centros educativos, que su gestión sea 100% pública y se inicien las gestiones para ampliar las actuales plantillas para poder atender al aumento de carga de trabajo que supondrá la vuelta a los centros educativos en septiembre. Fernández recuerda que "la comunidad educativa no va a permitir que los criterios económicos se impongan sobre la salud de docentes, estudiantes y familias. La Consejera de Educación, Esperanza Moreno, no puede decir que defiende la Escuela Pública y al mismo tiempo amparar los recortes de unos servicios esenciales para garantizar una vuelta segura a los centros".
