Ciudadanos ha presentado una proposición de ley para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que genera graves inseguridades en los barrios y en los bloques de vecinos y que en la Región de Murcia ha vivido un rebrote en los últimos meses. De hecho, en la segunda mitad de 2019 se produjo un incremento de casos del 180%, y en las últimas semanas se han multiplicado las ocupaciones sobre todo en segundas residencias, con casos en Los Alcázares, Mazarrón y otras localidades de la costa, con denuncias continuas y la detección de mafias dedicadas a esta actividad ilegal y que se aprovechan de familias v ulnerables para engañarlas y extorsionarlas e, incluso, para abrir negocios delictivos en las casas ocupadas. De esta forma, vecinos y familias se convierten en víctimas de estas mafias y ven cómo la convivencia se deteriora en su propio edificio.

Además, los propietarios de la casa ‘okupada’ se acaban viendo en la calle, sin poder recuperar su piso de forma inmediata, pese a que han cumplido con sus obligaciones y han pagado esa vivienda con el sudor de su frente. Finalmente, cuando las familias afectadas acuden a la justicia para poder recuperar su piso o la seguridad en su edifico, se encuentran con un proceso largo y complejo que permite al ‘okupa’ quedarse años en la vivienda a la espera de que un juez decida.

Por ello, la formación liberal ha presentado en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de Garantías para la Seguridad y Convivencia Ciudadanas frente a la Ocupación Ilegal de Viviendas, en la cual se incluyen medidas como que los jueces, como primera medida, entregarán la posesión de la vivienda a los propietarios: “Primero se recupera la vivienda y luego se pleitea sobre los derechos de los ocupantes”, ha remarcado el diputado regional Francisco Álvarez.

Junto a ella, Cs propone otras soluciones como fomentar políticas de vivienda para que nadie se vea obligado a ocupar una vivienda ilegalmente, permitir que la Policía pueda entrar e identificar a los ocupantes respetando todas las garantías que establece la Constitución, así como "endurecer el Código Penal para reforzar los castigos a las mafias que se lucran de la ocupación ilegal y dotar de medios a los Ayuntamientos para combatir esta lacra, ya que se trata de la primera institución a la que acuden los ciudadanos", ha destacado Álvarez.