La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se determina que las entidades bancarias deben devolver a los consumidores las cantidades pagadas en concepto de gastos hipotecarios por una cláusula declarada abusiva, salvo aquellos en los que la legislación nacional imponga lo contrario.
En septiembre de 2015, el Supremo declaró nula por abusiva la cláusula de gastos hipotecarios, aunque indicó que los efectos de esta nulidad pasan por una restitución "moderada" de las cantidades, que finalmente se fijaron en la mitad entre banco y consumidor.
Ahora, la sentencia del TJUE indica que de no existir dicha disposición en el Derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca.
Este Tribunal entiende que la nulidad de una cláusula abusiva debe suponer la anulación total de la condición desde su origen y solo será parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente.
Se trata de otra sentencia positiva para el consumidor y que podría suponerle a la Banca devoluciones por hasta 16.000 millones de euros.
Intensificación de sanciones a la Banca
CONSUMUR lamenta que, a pesar de las continuas sentencias que ponen de manifiesto los abusos de la Banca, se trata de un sector muy poco controlado por las administraciones de protección al consumidor, tanto a nivel nacional como autonómico.
La falta de sanciones provoca que las entidades bancarias se resientan a devolver las cantidades cobradas indebidamente a los consumidores en sus hipotecas, dado que sólo un pequeño porcentaje de afectados inicia acciones judiciales.
Los organismos de consumo a nivel autonómico pueden abrir expedientes sancionadores ante reclamaciones de los consumidores, al igual que pueden actuar ante fraudes masivos, imponiendo sanciones proporcionales al beneficio ilícito obtenido por cada banco con el conjunto de consumidores afectados en cada comunidad.
Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, ha declarado que "una vez más, los ciudadanos españoles como usuarios de la Banca, debemos ser "rescatados" por los Tribunales europeos. Sentencias como ésta y otras anteriores, califican de por sí la ambigüedad de como hasta ahora no son alentadoras las decisiones, normalmente, en esta materia, por parte de la vía judicial de nuestro país, confiando siempre que saltado este trámite preceptivo sean otros los que acudan a clarificar nuestros derechos."
En relación al papel de las Administraciones, continúa Barceló, "no están tampoco acertadas las distintas Administraciones que tienen capacidad sancionadora, queriendo poner el acento en aquellas de ámbito autonómico que, al menos en nuestra Región, se inhiben y ni siquiera muestran el más mínimo atisbo de análisis inspector y sancionador ante los más que evidentes, en ocasiones, abusos de una Banca tan influyente en las decisiones económicas y políticas."
"Posiblemente sea hora de ir planteándose una Banca pública sin que por ello esté señalando una nacionalización, que no considero como tal necesaria, pero sí una alternativa que suponga, al menos, una opción para que el ciudadano pueda encontrar el amparo que lógicamente no es posible en la que como empresa privada busca el máximo beneficio, aunque es cierto que no siempre de forma lícita.", finaliza el Presidente de CONSUMUR.
