UPA reclama a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo un Presupuesto sin recortes para la PAC

Tras la presentación por la Presidenta de la Comisión de la U.E., Ursula von der Leyen, de las propuestas de la Comisión para el MFP (Marco Financiero Plurianual) en el periodo 2021-2027, UPA ha realizado un primer análisis del presupuesto destinado a la PAC (Política Agraria Común) y la primera conclusión es clara: la PAC vería reducido su presupuesto en un 9% al tiempo que se pretenden imponer a los agricultores nuevas exigencias y restricciones.

El presupuesto previsto para la PAC ascendería a 348.300 Millones de euros, de los cuales 258.300 corresponden al primer pilar y 90.000 al segundo pilar. De esta forma, la reducción presupuestaria de la PAC afectaría del siguiente modo:

Un recorte aproximado del 9'6% del primer pilar (ayudas directas)

Un recorte aproximado del 7'0% del segundo pilar (desarrollo rural).

UPA admite que la Comisión ha mejorado las previsiones avanzadas, en la que los fondos de desarrollo rural se veían muy afectados con una reducción del 30% con respecto al presupuesto de la PAC 2014-2020, pero aún así, supone una severa reducción presupuestaria que se concentra ahora especialmente en el primer pilar de la PAC.

UPA advierte, no obstante, que el presupuesto destinado al segundo pilar incluye una partida de 15.000 Millones de Euros procedente del plan de rescate bautizado como "Next Generation UE" (también llamado Fondo para la reconstrucción Post-COVID); es decir, una partida extraordinaria y a priori no consolidable en el Presupuesto PAC.

Para UPA, esta es una forma de "disfrazar" la disminución de los fondos destinados a Desarrollo Rural, ya que esa partida, junto con otros 5.000 millones procedentes de la propuesta actualizada del Marco Financiero Plurianual, se incorporan para apoyar el objetivo de "ecologización" agraria que la Comisión quiere impulsar a través de la recientemente presentada estrategia "De la granja a la mesa" y en la cual UPA encuentra importantes elementos de rechazo por las restricciones que pretende imponer a los agricultores y que afectarían gravemente a su producción e ingresos; especialmente a aquellos que no perciben apoyos del primer pilar y que son mayoría en la Región de Murcia.

UPA señala también que dentro del Capítulo del Presupuesto Comunitario "Recursos Naturales y Medio Ambiente", dotado con 402.000 millones de euros y en el que está incluido el epígrafe correspondiente a la PAC, se crea por primera vez una partida, por importe de 40.000 millones de euros para dotar el conocido como "Fondo para una Transición Justa", que tiene como objetivo transitar hacia una economía libre de combustibles fósiles y se centra en ayudas para compensar el cierre de minerías de carbón y fábricas contaminantes; sin embargo los primeros datos indican que España no va a ser uno de los grandes beneficiarios de estos fondos.

En definitiva, para UPA, la nueva propuesta de MFP presentada por la Presidenta Von der Leyen, en lo que respecta a los fondos destinados al sector agrario y teniendo en cuenta los planes avanzados para el diseño de la futura PAC representa:

Una severa disminución presupuestaria del 9% que supone una reducción durísima para un sector fuertemente afectado por los efectos económicos de la COVID-19.

Una propuesta presupuestaria que no ofrece ninguna perspectiva real al sector, cuya capacidad para seguir produciendo alimentos y manteniendo las zonas rurales es sin embargo vital para el conjunto de la sociedad.

Una dotación financiera insuficiente para la PAC en el escenario de establecer nuevas y duras exigencias y restricciones a los agricultores sin darles la capacidad de invertir suficientemente en alternativas ni herramientas que hagan posible conjugar una mayor sostenibilidad ambiental con la imprescindible sostenibilidad económica y social.

Por todo ello, UPA considera imprescindible una actuación decidida del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para mejorar la propuesta de la Comisión, introduciendo coherencia entre los objetivos que se anuncian y los recursos necesarios para conseguirlos, de forma que se posibilite a los agricultores cumplir con su función de abastecer de productos sanos, seguros y saludables a la sociedad de forma sostenible sin comprometer su viabilidad.