Ayer publicaba el BORM el decreto-ley 3/2020, que dedica su capítulo III, al desmantelamiento de la inaplicada ley 10/2016 y del exiguo Parque Público Regional de Vivienda, así como de derechos adquiridos por las familias inscritas en el Registro de Demandantes de Viviendas.
Comienza el desmantelamiento de la ley suprimiendo distintos artículos que dotaban a la CARM de medios de intervención para actuar frente a la burbuja del alquiler, estimulando la salida al mercado de casas desocupadas. Elimina la obligación del Gobierno de establecer y adoptar medidas de fomento del alquiler y obtención de viviendas privadas con el objetivo de aumentar la oferta y así contener los precios. Eso sí, mantiene los incentivos fiscales para grandes propietarios que pongan sus casas en alquiler
Elimina las comisiones de sobreendeudamiento, con sus competencias y facultades, dejando la solución sólo en manos de la parte poderosa: el banco.
Prepara la liquidación del exiguo Parque Público, de alrededor de 3.000 viviendas, mediante el regalo envenado que anunció López Miras: la cesión de la propiedad de las casas a quienes las ocupan en régimen de alquiler, con contrato de más de 10 años. Se trata de un regalo envenenado porque se trata de inmuebles muy antiguos en su mayoría, a los que hace muchos años que no se les ha hecho mantenimiento alguno, muchos de ellos en estado lamentable, que obligará a quienes lo acepten a hacerse cargo además del IBI, gastos de comunidad, seguro y mantenimiento.
Además, se protege frente a la tentación de adquirir nuevas viviendas, renunciando a derechos de tanteo en segundas y terceras transmisiones de vivienda protegida, hecho que no sorprende, dado que ni han hecho ni anunciado nada ante la posibilidad que otorga la reciente orden ministerial de Transportes, que permite subvencionar hasta en un 60% del valor, la compra de vivienda para Parque Público.
Pero sin duda lo más grave es que suprime el Registro de Demandantes de Viviendas, sin aclarar además, qué piensan hacer con los demandantes inscritos, una vez que parece evidente su renuncia al menos aparente a incrementar el Parque Público, y que, por otra parte han anunciado que empiezan a liquidar con la venta de 650 viviendas. Con esta supresión, eliminan el derecho que los demandantes pudieran haber consolidado y se abren de par en par la puerta a las adjudicaciones arbitrarias, al libre albedrío de la Administración. En la región puede haber más de 5.000 demandantes de vivienda inscritos
Contrasta la actitud del gobierno regional con la del Ayuntamiento de Murcia, gobernado por la misma coalición PP-Cs, que sin embargo, sí está adoptando medidas positivas de incremento de su Parque propio en torno a 150 viviendas.
Desde la PAH, denunciamos nuevamente la actitud indolente hacia los sectores más desfavorecidos, que son precisamente los que se inscriben para poder acceder a una vivienda, cuyo uso debería proveer. También anunciamos que estamos estudiando la posibilidad de recurrir esta parte del decreto por ser contraria al Derecho a la Vivienda y violentar derechos consolidados.
