Advierte de la virulencia de la enfermedad y de la alta tasa de mortalidad que ocasiona en los centros de personas mayores y discapacitadas cuando no se impide eficazmente su propagación en los mismos. Es una obligación moral insoslayable proteger a las personas más vulnerables.
Las personas mayores y discapacitadas son colectivos extremadamente vulnerables por la afección del coronavirus. Los datos recogidos diariamente desde mediados de marzo así lo atestiguan. Están falleciendo muchas personas en los residencias de personas mayores de nuestro país y de nuestra Región, aunque los datos, en este último caso, indican porcentajes de contagio y de fallecimiento sensiblemente más bajos. Esto es así porque los centros de servicios sociales dependientes del instituto Murciano de Acción Social (IMAS) están menos afectados que en otras comunidades autónomas. Es así también porque los centros de servicios sociales públicos, las residencias de personas mayores y los centros ocupacionales, han levantado una formidable barrera para que no haya contagios. La profesionalidad de su personal se está demostrando como fundamental para mantener los centros públicos de servicios sociales libres de la pandemia.
No obstante, desde CCOO seguimos denunciando que los medios humanos, la profesionalidad y el estricto cumplimiento de los protocolos elaborados por las autoridades sanitarias, no son suficiente si no vienen acompañadas de medidas técnicas y organizativas para luchar contra el COVID-19. Hablamos de alejamiento social, de EPI, de distribución del trabajo y de segmentación de los centros de trabajo. Y también hablamos de la necesidad de que todos los usuarios y personas trabajadoras del IMAS realicen los test rápidos para la detección del COVID-19. La Comunidad Autónoma ha recibido recientemente 42.000 test rápidos que deben servir para aislar aún más la enfermedad y mantener los lugares con población especialmente vulnerable libres de la misma.
María Dolores García Navarro, responsable del CCOO en el IMAS, ha declarado que "el personal de los centros de servicios sociales están realizando un sacrificio laboral y humano encomiable para mantenerlos libres del COVID-19. Es necesario asegurar su salud laboral y la de los usuarios para impedir que la enfermedad se ensañe con las personas mayores y discapacitadas. Es una obligación de la Consejería de Salud y un derecho irrenunciable de usuarios y personal".
Por su parte, Inmaculada Mirete, Secretaria de Salud Laboral de la FSC-CCOO, ha manifestado que "la realización de test rápidos para detectar posibles positivos del COVID-19 a todos los usuarios y personal de los centros de servicios sociales del IMAS va a permitir mantener fuera de los centros de trabajo a una enfermedad extraordinariamente letal para los usuarios del IMAS, fundamentalmente personas mayores y discapacitados con, en muchos casos, patologías asociadas , que les hace ser extremadamente vulnerables. No sería aceptable en ningún caso que la Consejería de Salud se abstuviera de enviar los test necesarios al IMAS".
FSC-CCOO exige una efectiva protección de la salud de los usuarios y trabajadores de los centros de servicios sociales del IMAS. La Consejería de Salud tiene que poner a disposición una partida suficiente de los 42.000 test rápidos del COVID-19. Y lo tiene que hacer con urgencia. La experiencia está demostrando que cuando la pandemia entra en un centro de personas mayores o de discapacitado, su expansión es extremadamente rápida y su letalidad espantosa.
