Además, UPA reclama que se recuperen los apoyos públicos eliminados durante años para la calidad diferenciada, las entidades asociativas y la sanidad del ganado.

La organización advierte que es imprescindible que las Administraciones actúen para asegurar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando que los productores cubran los costes de producción.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia ha exigido hoy, tras conocer el proyecto de Real Decreto de apoyo al ovino-caprino elaborado por el MAPA, que la Comunidad Autónoma de Murcia comprometa una aportación presupuestaria para cofinanciar la partida aportada por el Gobierno de España, garantizando así que los ganaderos murcianos puedan recibir la máxima ayuda permitida.

"Nos congratulamos de que la norma elaborada por el Ministerio haya incluido nuestras alegaciones, para asegurar que los beneficiarios finales sean los ganaderos y la tramitación de la ayuda sea sencilla". No obstante, quedan flecos que deben ser corregidos y que esperamos ver resueltos con la publicación del Real Decreto, han señalado desde UPA-Murcia.

Desde UPA consideran imprescindible que la Consejería de Agricultura aporte presupuesto para garantizar que se alcance el importe máximo permitido de 12 € por animal elegible "lo que, aun así, supondrá un apoyo mínimo para el sector ante la crisis de precios que atraviesa" ha declarado Carlos Esparcia, Secretario de Ganadería de UPA-Murcia. En todo caso, este es un buen ejemplo en el que el Gobierno Regional puede mostrar su voluntad de cooperación entre administraciones, ejercicio de sus propias competencias y apoyo a los ganaderos.

Además, la crisis de este sector, que está llevando al límite a cientos de ganaderos y ganaderas, debe ser tenida en cuenta por parte del Gobierno Regional para recuperar las partidas presupuestarias que han sido abandonados en los últimos años, como son los fondos destinados a la línea del seguro agrario para la gestión de los animales muertos en las explotaciones, apoyo a figuras de calidad diferenciada y entidades asociativas, así como para la sanidad animal, aspecto fundamental para el sector.

Pero la situación que ha generado con el COVID-19 en estos sectores, se está viendo agravada más si cabe por los abusos que en estos momentos se están produciendo a lo largo de la cadena alimentaria, ya que mientras los ganaderos están siendo obligados a vender a pérdidas sus animales o entregarlos sin precio para luego cobrarlos a resultas, vemos que los esfuerzos que se están realizando para llegar a los consumidores con esta carne, no se acompaña de unos precios que permitan a los hogares incorporarlos con más frecuencia a sus platos diarios.

Mientras los ganaderos venden los cabritos a unos 2,5 euros el kilo, muy por debajo de los costes de producción, las ofertas que se realizan a los consumidores superan los 12 euros, aspecto que justifica que UPA exija el cumplimiento de la actual Ley de la Cadena Alimentaria, que debe controlar el beneficio de cada eslabón y que el precio recibido cubra al menos el coste de producción.

"Somos conscientes del descenso que ha sufrido el consumo de esta carne, y que por tanto los precios de compra sean inferiores, pero no entendemos por qué al consumidor no llegan estos productos a un precio acorde al de origen, y que los intermediarios pretendan seguir haciendo caja a costa de productores y consumidores".

Por este motivo, se vuelve a realizar un llamamiento a las administraciones para que intensifiquen los controles a lo largo de la cadena, ya que a pesar de la situación excepcional que atravesamos, las leyes deben cumplirse.