"Quien utilice el estado de alarma para especular deberá ser perseguido y sancionado". Es la advertencia que lanzan desde UPA ante ciertos movimientos injustificados de precios en origen que se empiezan a sentir en el sector.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos está monitorizando al detalle los movimientos de precios en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos. Su objetivo es evitar cualquier tipo de especulación por parte de agentes de la cadena agroalimentaria que podrían "sentir la tentación de hundir ciertas cotizaciones de forma injustificada".

UPA ha asegurado que está "vigilando los precios" para, en el caso de que se detecte especulación, denunciarlo ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que actúe "con contundencia". El Ministerio de Agricultura debe redoblar sus esfuerzos de inspección, según esta organización agraria, para dar transparencia a la cadena y evitar distorsiones en la formación de precios.

Fundamentalmente ganaderos de diversos sectores, el ovino/caprino de leche y de carne- o el porcino están denunciando "caídas injustificadas" en los precios percibidos por los productores. En algunos casos esas bajadas de precio se justifican por la caída del consumo en el canal Horeca, pero en otros UPA confiesa que las bajadas tienen "difícil justificación".

Sería el caso de la leche de cabra, que algunas empresas estaría empezando a pagar hasta 0,10 euros/litro por debajo, o el ovino y el caprino de carne, donde la lonja de referencia de precios no ha fijado precio alguno de compra de corderos y cabritos.

Esta situación afecta tanto a los productos frescos como a aquellos que suelen ir a la industria de transformación y cuyo consumo no es inmediato, por lo que en ningún caso según UPA- estaría justificada esa caída. También están mandando desde la industria instrucciones tajantes hacia los ganaderos de caprino de leche, de reducir su producción, con amenazas de dejar de recoger la leche a los ganaderos.

UPA ha puesto de manifiesto que el real decreto que endurece la Ley de la cadena agroalimentaria ya está en vigor, y esta norma establece que ningún agricultor o ganadero debe percibir un precio por debajo de sus costes. "El estado de alarma no invalida que los productores percibamos un precio justo", han señalado.

UPA ha negado también que pueda estar dándose desabastecimiento de ningún producto, por lo que tampoco tiene sentido que se hable de subir los precios a los consumidores, ni debe suponer una estrategia de la distribución para modificar los hábitos de compra y consumo ni para priorizar en sus estanterías aquellos productos que les proporcionen más márgene comercial.

La alimentación es uno de los pilares de la sociedad en el momento crítico que vivimos por la pandemia de COVID-19. UPA ha apelado a la "responsabilidad de los actores para mantener la estabilidad de la cadena agroalimentaria a todos los niveles". "No es momento para especular", han sentenciado.