Intersindical Servicios Públicos denuncia la precaria situación de la administración regional murciana, también en lo que respecta a la implantación de la administración electrónica.

Esta organización sindical considera intolerable que la falta de capacidad de los sistemas informáticos de la CARM suponga que el personal tenga que desplazarse a sus puestos de trabajo para retirar expedientes físicos o digitales, con los riesgos que ello conlleva.

La situación de pandemia global que estamos padeciendo y sus consecuencias sobre el trabajo que desempeñan los empleados públicos de la administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está dejando al descubierto la precaria situación de la administración regional murciana, también en lo que respecta a la implantación de la administración electrónica.

El Gobierno regional presidido por Fernando López Miras aprobó el pasado 14 de marzo una Orden en la que se adoptaban una serie de medidas extraordinarias en la Administración pública para garantizar tanto la seguridad de los empleados públicos como la atención a los ciudadanos.

La Orden, en concreto, señala que en todos aquellos casos que sus funciones lo permitan, el personal desarrollará sus tareas desde sus domicilios, es decir, que en los centros de trabajo debe permanecer el personal estrictamente necesario para realizar los servicios presenciales imprescindibles, estableciéndose turnos para no superar la presencia del máximo 25 por ciento del personal habitual en los despachos administrativos.

Posteriormente, el pasado domingo 22 de marzo, el mismo López Miras pedía al gobierno central la clausura de toda actividad económica no esencial, es decir, pide el cierre de empresas y no hace lo propio con la que él dirige.

Pero hay más, el personal que está trabajando desde sus casas lo está haciendo, como señala este sindicato, bajo unas condiciones de precariedad absolutas.

En primer lugar, la oferta de "puestos" virtuales en los que ejercer el teletrabajo es claramente insuficiente. Fuentes acreditadas hablan de 1500 habilitaciones para trabajar desde sus hogares para las 9000 trabajadoras y trabajadores del sector Administración y Servicios de la CARM.

Esto está generando que el poco personal que ha podido ser habilitado para ejercer el teletrabajo tenga que centrarse en hacer de enlace con el resto de compañeros y compañeras para el envío y recepción de expedientes administrativos a través del correo electrónico, lo que a su vez está llevando al colapso de los correos electrónicos administrativos corporativos (@carm.es) que, salvo pocas excepciones, únicamente están habilitados para soportar 100 megas de capacidad.

Ante esta falta de capacidad de los sistemas informáticos de la CARM, la inmensa mayoría del funcionariado no puede acceder desde sus hogares, con sus equipos personales, a las unidades de red y resto de aplicaciones corporativas con las que trabajan habitualmente en sus puestos de trabajo.

De esta manera, se está dando la peligrosa circunstancia que algunos funcionarios y funcionarias acaban desplazándose a su puesto de trabajo para retirar expedientes u otra documentación digital a través de sus propios discos duros, con los riesgos que ello conlleva.

Llegados a este punto, Intersindical afirma que la Administración regional no está dotada para facilitar al personal empleado público de forma masiva en sus domicilios, pero además es necesario preguntarnos qué ha pasado con el famoso plan de la Administración popular para la simplificación y digitalización administrativa dotado en su día con catorce millones de euros.

Intersindical Servicios Públicos denuncia esta nueva consecuencia de la política de recortes de los gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia, que se ve reflejada en estos momentos críticos en el trabajo a distancia deberá ser revisada cuando llegue el momento.