Ante el avance de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, de la que forma parte Convivir sin Racismo, exigimos al Gobierno Estado el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros y la puesta en libertad de las personas retenidas. Asimismo, solicitamos al Consejo General del Poder Judicial que se libren instrucciones de no ordenar nuevos internamientos atendiendo a la imposibilidad de ejecución de las expulsiones o devoluciones.
Más de treinta países han adoptado restricciones al ingreso de personas provenientes del Estado español, por lo que las expulsiones no pueden realizarse. En todo caso, sería de una grave irresponsabilidad política, en un contexto de descontrol del virus a nivel mundial, que España, uno de los cinco países con más personas infectadas, las llevara adelante.
Una parte importante de casos de coronavirus registrados en países no europeos, han sido, precisamente, positivos de personas que viajaban desde Europa sin que antes de volar hubieran mostrado síntomas de estar contagiadas. Esa posibilidad latente obliga al Estado español a extremar recaudos y actuar con suma responsabilidad.
Por consiguiente, como la función de los CIE es la retención cautelar de las personas en situación irregular a efectos de estar localizadas para su expulsión. Si esta no debe ni puede realizarse, es improcedente mantener a hombres y mujeres privadas de libertad.
El comúnmente conocido como coronavirus nos sitúa frente a una situación compleja, que, tal y como advierten las autoridades sanitarias, puede agravarse en las próximas semanas si no se adoptan medidas extraordinarias que vayan dirigidas a mitigar el contagio y la expansión del virus y a evitar el colapso del sistema sanitario. Por tanto:
Exigimos la liberación de las personas internas y el cierre inmediato de los CIE para poder garantizar una efectiva protección de la salud de todas las personas. Las características del internamiento imposibilitan que se pueda evitar tanto el contagio como la expansión del virus[i]. Queremos recordar que el internamiento en CIE es una medida cautelar discrecional propuesta por la administración y autorizada por la justicia, y es por ello que consideramos que es necesario que el derecho a la salud se anteponga a los objetivos del sistema de deportación. Más allá de la reivindicación que esta plataforma realiza con carácter general, entendemos que en este momento es absolutamente grave mantener las situaciones de privación de libertad en este contexto de emergencia sanitaria, no priorizando la salud de las personas internas y la salud pública. Exigimos se facilite un recurso de acogida urgente para las personas que sean puestas en libertad
Recordamos a las autoridades responsables de efectuar deportaciones la importancia de atenerse a los protocolos de seguridad y evitar los vuelos al extranjero que se han impuesto para la sociedad con carácter general. Ante el probado efecto multiplicador de los desplazamientos internacionales en la propagación de la pandemia y del peligro que generaría enviar a potenciales personas portadoras del virus SARS-CoV-2 a países donde aún no ha habido casos de contagio, o en los que carecen de medios sanitarios suficientes para enfrentar la enfermedad, es necesario que se suspendan las deportaciones de manera inmediata.
[i] Condiciones en los CIE: Las personas están encerradas en celdas colectivas y son obligadas a compartir baño. Carecen de acceso libre y constante a jabón, sábanas limpias, contenedores de desechos y ropa limpia. Es imposible garantizar la desinfección del centro, al ser un lugar distribuido en zonas comunes en las que se concentran constantemente un elevado número de personas. La atención del servicio sanitario no está presente en todos los centros del Estado españoles y, en las que existe, ni es continua, ni cuenta con los contingentes necesarios. El personal de policía, administración, limpieza, Cruz Roja...etc. encargado de los centros no está exento de ser transmisor-receptor del virus, su entrada y salida expone a las personas internas privadas de su libertad deambulatoria. Hay personas internas que padecen enfermedades crónicas de riesgo frente al virus SARS-CoV-2 como hemos notificado a los juzgados correspondientes y al Defensor del Pueblo.
