"De forma tan vergonzante como elocuente, diputados regionales del PP, presentaron ayer en la Asamblea Regional, una iniciativa para para que sea la Asamblea la que pida al Congreso la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para desahuciar en 12 horas a familias que estén ocupando sin título suficiente una vivienda.
Lo hacen como si ignorasen, aunque lo saben perfectamente, que las familias que recurren a esta forma de acceso a la vivienda, lo hacen forzadas por varias realidades de las que los promotores del cambio son partícipes o cómplices cuando menos. Y lo son de la rebaja sustancial de los salarios provocada por su reforma laboral, que impide a muchísimas familias acceder a los prohibitivos precios del alquiler, y mucho menos aún a que algún banco les fíe una hipoteca. Lo son en parte, de que en este país el Parque de Vivienda Pública para alquiler asequible no exista (según datos de Fomento en 2019 sólo el 1,5% del parque total de vivienda existente, en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Austria… ronda el 20%), y menos aún para vivienda social. Lo son por permitir el desembarco en España de los Fondos Buitre, que se han hecho con el enorme pastel de los “activos tóxicos” de la banca en viviendas y están tirando de los precios del alquiler hacia arriba sin ninguna consideración por los inquilinos. Lo son de que en España, según datos del INE, haya 3,5 millones de casas vacías y no se haga nada para movilizarlas mientras se justifica la subida de los alquileres en la falta de oferta.
En estas circunstancias, muchas familias tienen que optar entre la calle, o la ocupación, y la inmensa mayoría, como ellos mismos reconocen, lo hacen en viviendas vacías propiedad de bancos o fondos que las mantienen fuera del mercado para provocar el alza de los precios.
¿Por qué ley del embudo? Pues porque estos diputados, tan preocupados ellos por los pobres que incumplen las leyes, miran a otro lado cuando es su propio gobierno el que incumple la ley 10/2016, cuyo incumplimiento, priva a las familias murcianas en situación de vulnerabilidad de herramientas como el realojo en caso de desahucio, la obligación de los grandes propietarios de vivienda de ofrecer alquiler social antes de un desahucio, o la obligación de las suministradoras de servicios básicos como agua, luz y gas, de contactar con los servicios sociales antes de proceder a un corte de suministro por impago.
Desde la entrada en vigor de la ley el 15/9/16 hasta el último dato del CGPJ conocido, se han producido en la Región de Murcia 9.438 desahucios, (es decir 9438 familias en la calle) de ésos, en aplicación de la ley, podrían haberse evitado varios miles, que, por culpa de la inacción de los gobiernos regionales del PP, y ahora con Cs se han ejecutado. Por supuesto, con la aquiescencia del grupo Popular de la Asamblea Regional en el que militan quienes presentaron ayer la reforma.
Este es el embudo del PP: parte ancha para especuladores y gobiernos que incumplen las leyes que emanan de su propio parlamento, y la estrecha para las gentes vulnerables y pobres, a quienes se priva de herramientas de defensa y se les criminaliza."
Coordinadora Regional de PAHs
