La Federación Enseñanza de CCOO muestra su solidaridad por los ataques e insultos sufridos por sus responsables en redes sociales tras el anuncio de la huelga general para el 6 de marzo, con la finalidad de frenar la implantación del veto parental.
CCOO apoya y se solidariza con el Sindicato de Estudiantes que, con su convocatoria de huelga programada para el 6 de marzo, ejerce su derecho en contra de la censura educativa que intenta imponer la ultraderecha, en un discurso brutal que niega las violencias hacia las mujeres y que propone eliminar los contenidos educativos que marca la ley sobre igualdad y diversidad afectivo-sexual, que no es otra cosa que una sucia guerra contra la educación pública y sus trabajadores y trabajadoras, a favor del adoctrinamiento, la ignorancia y la sumisión del alumnado.
Casualmente, las responsables del Sindicato de Estudiantes son mujeres, quienes han recibido la violencia de personas de extrema derecha con mensajes ofensivos desde que hicieron ejercicio su derecho a la huelga. Ya conocemos cual es la idea de estas organizaciones de ultraderecha sobre las violencias, conocemos de sobra sus discursos de odio, sus nauseabundas opiniones sobre las personas migrantes, mujeres, personas LGTBIQ+ y cualquier cuestión que tenga que ver con la libertad, la democracia y el derecho fundamental.
Del mismo modo, queremos hacer extensiva esta solidaridad a los y las compañeras docentes que en los centros educativos desarrollan su labor con profesionalidad y responsabilidad, y que, a pesar de ello, sufren los ataques y las presiones de una campaña política que, como el intento de imposición del Veto Parental, no solo son ilegales, sino que menoscaban el derecho a la educación de los y las alumnas.
Recordamos a nuestros compañeros y compañeras de los centros educativos que desde CCOO llevamos frenando estos ataques y agresiones desde que tuvimos conocimiento del intento de censura educativa que pretenden Vox, la organización HazteOir y los gobiernos conniventes del Partido Popular y Ciudadanos, denunciando a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Educación y FP, que supuso la recusación en el caso de Murcia; ante las consejerías autonómicas pertinentes, como también con campañas sindicales y jurídicas orientadas a apoyar, asesorar y defender a cada docente que pueda sentir intimidación en el desarrollo de su profesión.
