CCOO Enseñanza considera que las modificaciones que ha anunciado la Administración no solucionan el hecho de que el veto parental es un disparate pedagógico y refuerzan el sentido retrógrado del mismo al permitir dirigirlo con más precisión a los contenidos que la ultraderecha cavernaria quiere vetar.
CCOO Enseñanza considera que el anuncio de la Consejería de Educación de excluir del veto parental a los funcionarios que participen en las actividades complementarias y de que el alumnado deba traer un no explícito de sus progenitores para no participar en las mismas no evita el absurdo pedagógico que supone otorgar a los padres el poder de vetar elementos de currículo.
Como la Federación de Enseñanza viene sosteniendo desde la publicación de las Instrucciones de inicio de curso, dar a los padres la posibilidad de vetar contenidos del currículo socava el sentido mismo de la escuela pública como instrumento de formación científica y de educación en valores democráticos.
CCOO cree que este intento de blanquear el veto parental ante la opinión pública agrava la situación porque viene a reforzar el sentido retrógrado y reaccionario del mismo al permitir dirigirlo con más precisión hacia aquellos contenidos que la ultraderecha quiere vetar. Desde el inicio, la intención del veto parental no ha sido otra que satisfacer a la extrema derecha. "Instaurar y mantener una medida disparatada para satisfacer a sectores homófobos e intolerantes, que ven con malos ojos la educación para el respeto a la diversidad afectivo-sexual, sitúa al Gobierno Regional fuera de la democracia", insiste Jorge Castillo, secretario de Acción Sindical de FECCOO Región de Murcia.
"CCOO Enseñanza considera irresponsable por parte de la consejera de Educación, Esperanza Moreno, lanzar declaraciones al aire sobre un asunto tan grave para nuestro sistema educativo. Es una muestra de la improvisación y la actuación condicionada del gobierno regional", subraya Castillo.
Elevar, como pretende la Administración, el pin parental a la categoría de decreto, con la intención de dotarlo de legalidad supone, de una parte, el reconocimiento de la administración de que estaba haciendo algo ilegal y, de otro, revestir de mayor entidad una medida que como CCOO viene denunciando es contraria a los derechos de niñas y niños y supone un cuestionamiento del profesorado en el ejercicio de su función constitucional de educar al alumnado en los derechos humanos y valores que posibilitan la convivencia democrática.
