Los agricultores cuyas rentas agrarias superan el 50% de sus rentas totales han aumentado entre 2014 y 2017, pero siguen representando un escaso 18,8% del total de declarantes.
El mayor porcentaje de agricultores profesionales se encuentran en las CCAA de Castilla y León (31,0%), Cantabria (29,5%) y la Rioja 25,6%).
En las regiones que declaran menos de 8.000 (Galicia, Asturias y Cantabria) se han dado caídas de empleo por encima de 20% en los últimos 10 años.
Unión de Uniones reclama una redefinición de la figura de agricultor genuino para reorientar las ayudas a los verdaderos profesionales del campo.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la serie temporal de datos de los rendimientos agrarios netos declarados a la Agencia tributaria, resalta el incremento del grado de profesionalización de la agricultura española a lo largo del periodo 2014-2017 (últimos datos disponibles).
De acuerdo al análisis realizado, el número de agricultores profesionales – aquellos cuyos rendimientos agrarios superan el 50% de los rendimientos totales declarados – ha pasado de 194.015 en 2014 a 195.714 en 2017, que implica un aumento de 1,5 puntos en su peso respecto al total declarantes. Sin embargo, estos trabajadores representan todavía un escaso 18,8% del total, lo que indica un limitado nivel de especialización y de profesionalización en el ámbito de la agricultura. Asimismo, en términos de renta, a pesar de su tendencia positiva, los profesionales agrarios todavía se sitúan un 37% por debajo de la renta media del conjunto de la economía, lo que revela la importancia de las ayudas de la PAC en el sostenimiento de las rentas dentro del sector.
Gran disparidad a nivel regional en profesionalización y renta
A nivel regional, existen notables diferencias en el grado de profesionalización y de renta. En el periodo 2014-2017, el número de declarantes con rendimientos agrarios por encima del 50% aumentó en Andalucía en un 24% y en la R. Murcia en un 11,4%, mientras que en el P. Asturias y en Cantabria el número de estos declarantes descendió un 19,4% y un 18,5% respectivamente. No obstante, el mayor número de agricultores profesionales se mantiene en Castilla y León (31, 0%), Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%). En términos de renta, se dieron importantes incrementos en la C. Madrid, Canarias y Andalucía, mientras que en Cantabria, Castilla y León y Aragón se dieron notables caídas. Asimismo, es preciso destacar que, en el caso de Galicia, Asturias y Cantabria, donde se declaran unos rendimientos por debajo de los 8.000 € y por ende la actividad agraria es menos rentable, hay un descenso muy notable en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos años, con caídas de 28,9%, 28,4% y 20,4% entre 2009 y 2018.
Unión de Uniones urge a implementar un nuevo modelo redistributivo orientado hacia el profesional agrario
Aunque Unión de Uniones se opone rotundamente a una reducción del presupuesto de la futura PAC, este escenario es previsible y la organización considera fundamental rediseñar el modelo de reparto de las ayudas y hacerlas llegar a los que realmente viven de la labor agraria y mantienen vivo el medio rural. Por ello, la organización propone que sea considerado como agricultor genuino en el marco de la futura PAC aquel cuyas rentas agrarias representen, al menos, el 25% de las rentas totales declaradas.
“El ministerio español, con la legislación en vigor puede y debe hacerlo y no necesita para eso ningún beneplácito de Bruselas, solo hace falta que lo que se dice a los medios de comunicación sobre la eliminación de los agricultores de sofá, se haga realmente” argumentan desde Unión de Uniones.
Según las estimaciones de Unión de uniones, en caso de aplicarse esta definición, con los presupuestos actuales, entre 410 y 670 millones de euros anuales podrían ser redistribuidos y orientados hacia los verdaderos trabajadores del campo, reduciéndose el número de “agricultores de sofá” y aumentando los importes unitarios de los profesionales aun con las pretendidas reducciones de presupuesto contempladas por los estamentos europeos.
Asimismo, la aplicación del capping – establecimiento de una reducción progresiva de las ayudas por beneficiario a partir de los 60.000 € con un límite máximo de 100.000 € -, según las estimaciones de la organización, podría liberar también hasta 330 millones que podrían ser redistribuidos entre aquellos profesionales que por sus actividades, ubicación y tareas que realizan perciben mucho menos de lo que deberían. De la misma forma, Unión de Uniones propone contemplar ciertas excepciones para que las ayudas PAC puedan seguir cumpliendo con su papel clave como sostenedor de rentas en ciertos sectores sociales de la España rural, que pueden ver peligrar su viabilidad económica en caso de desaparecer las ayudas.
“Ha llegado el momento de que el Ministerio y las Comunidades Autónomas concreten su posición en el Plan Estratégico para que este debate no sea etéreo y vacío. Empezamos a tener la sensación de que se quiere cambiar y revisar todo para que todo siga igual, y con el sistema actual ni a los profesionales del campo les va bien, ni se parará la despoblación y el abandono de las zonas rurales” concluyen desde la organización.
